Comunicado | Se acerca la implementación del Acuerdo de Escazú y Colombia sigue por fuera

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  • Delegados de varios países de América Latina y el Caribe se reunieron para exponer la importancia del tratado en el contexto de emergencia ambiental y preparar la primera Conferencia de las Partes (COP1) que se realizará en abril de 2022 en Santiago de Chile.

Bogotá, 7 de marzo de 2022

Representantes de varios países de América Latina y el Caribe asistieron de forma virtual el viernes 4 de marzo a la sesión preparatoria de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (PreCOP1), en la que se avanzó sobre las propuestas de contenido frente a las temáticas que se abordarán en la COP1, donde se definirá, en gran parte, el futuro de la implementación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.

La PreCOP1 se realizó el viernes pasado en conmemoración de los cuatro años de la adopción de dicho tratado en Costa Rica, y también por la necesidad de preparar distintos temas de forma previa al 20, 21 y 22 de abril de este año, cuando se llevará a cabo la COP1 en Santiago de Chile.

A pesar de que 24 países de la región han firmado el tratado, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Argentina, Ecuador y México. Por su parte, Colombia no ha dado este paso y solo participa como firmante, algo que los expertos ambientalistas condenan, dada la situación de emergencia ambiental y social que se vive en el país.

“Nos reunimos con un sentimiento de urgencia por las posibilidades que ha abierto el Acuerdo para garantizar la implementación de la democracia ambiental en la región y proteger nuestro derecho a un ambiente sano”, afirma Natalia Gómez, representante electa alterna del público en el encuentro.

El Acuerdo de Escazú, asimismo, reconoce la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales como uno de los pilares de la democracia ambiental. Por eso, Gómez, también resalta la importancia de que Colombia ratifique el acuerdo lo antes posible: “Por segundo año consecutivo es el país donde más defensores de derechos humanos ambientales son asesinados. En la cuenca amazónica los pueblos indígenas se han declarado en emergencia constante por la creciente violencia y la inacción estatal”.

Las cifras confirman esta cruda realidad, ya que en 2020 fueron asesinados 65 defensores ambientalistas en Colombia, y 227 a nivel mundial, por lo que es considerada una de las naciones más mortíferas para estos líderes, según el más reciente informe del Global Witness sobre este tema.

En la COP1 se prevé avanzar sobre tres temas: (i) las reglas de procedimiento de la COP, incluyendo las modalidades de participación significativa del público; (ii) las reglas relativas a la estructura y funciones del Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento; y (iii) los arreglos financieros para la implementación y el funcionamiento del Acuerdo.

Según Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuando se empezó el tratado, en el año 2012, “eran pocos los países, pocas las expectativas y muchas las dificultades, este proceso logró unir a muchas personas que creen en el #AcuerdoDeEscazú y la necesidad de implementarlo para avanzar en la región”.

El caso colombiano

De acuerdo con el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en febrero de 2022, en Colombia se documentaron homicidios y ataques a defensores en 28 de los 32 departamentos del país. En el informe se resalta el incremento de la violencia, que afecta “severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y a las mujeres en zonas rurales”.

Aunque Colombia firmó el Acuerdo de Escazú el 11 de diciembre de 2019 e inició su trámite en dos oportunidades en el Congreso, durante las legislaturas de 2020 a 2022, este aún no ha logrado completar el trámite para su ratificación.

Cabe resaltar que el proyecto de ley en trámite para la aprobación del Acuerdo de Escazú se radicó por parte del Gobierno nacional el 29 de octubre de 2021 sin mensaje de urgencia, lo que hará menos expedita su tramitación frente a lo que se radicó durante el año 2020. Su exposición de motivos fue publicada el 2 de noviembre del año pasado, pero solo hasta el 17 de diciembre el proyecto de ley ingresó a Comisión Segunda de Cámara.

Actualmente, el trámite del proyecto de ley está en manos de los Senadores Ponentes: Luis Eduardo Diezgranados Torres, Ana Paola Agudelo García, José Luis Pérez Oyuela, Feliciano Valencia Medina, Ivan Cepeda Castro y Antonio Sanguino Páez. El pasado 16 de febrero, estos tres últimos radicaron el “Informe de ponencia positiva para primer debate en el Senado de la República al Proyecto de Ley N° 251 de 2021 Senado, por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.

Por todo ello, se espera que el próximo 16 de marzo, cuando inicie el periodo legislativo, se convoque el debate y la votación del proyecto de ley por parte de la presidencia de la Comisión Segunda del Senado de la República. Toda vez que, de no llevarse a cabo el primer debate antes del 20 de junio, la aprobación del Acuerdo podría archivarse una vez más. Finalmente, se espera también que el país, como signatario, haga parte de las discusiones y los escenarios internacionales que avanzan en paralelo a la ratificación en la COP1.

Mayor información:

https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/en

https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es

Link de transmisión:

https://live.cepal.org/escazu

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