- Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reformó su política de sostenibilidad ambiental y social. Este año, además, publicaron las guías sobre cómo las implementarán.
- La Coalición Regional por la Transparencia y la Participación publicó un análisis en el que no solo menciona de qué se tratan estas guías, sino que da recomendaciones sobre cómo fortalecerlas.
- Aún hay vacíos en temas de información y participación de las comunidades, así como en quiénes serán los encargados de evaluar los impactos ambientales y sociales de los proyectos que financie el BID.
Bogotá, 10 de septiembre de 2021. Durante el 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el más importante a nivel regional, reformó su política de sostenibilidad ambiental y social. No se trató de una tarea menor. Muchos de los recursos que pone el BID van a parar a obras de infraestructura o a fortalecer ciertas políticas públicas de Colombia, por lo que tener reglas más claras, evitará que se financien proyectos con impactos negativos y se logrará cambiar una visión de desarrollo que ha sido fuertemente criticada por comunidades y sociedad civil.
Este año, durante el 2021, el BID puso en consulta las Guías de Implementación de estas políticas. Para conocer qué tan acertadas son, así como identificar los puntos que se podrían robustecer, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, conformada por la Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (Perú), el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y Agrario (Bolivia) y Conectas Dereitos Humanos (Brasil), publicaron el documento “Análisis Guías de Implementación Politíca Social y Ambiental Banco Interamericano de Desarrollo”.
Se trata de un breve documento que no solo menciona algunas de las nuevas normas claves de las guías de implementación del BID, sino que da recomendaciones de cómo mejorarlas. Esto último a partir del contexto actual que atraviesa el bioma amazónico, donde confluyen la diversidad biológica, importantes fuentes de agua y la presencia de pueblos étnicos y campesinos.
Una de las normas que se analizan, por ejemplo, es la referente a la “evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales”. El documento destaca que a pesar de que se desarrolló un nivel de detalle importante sobre esta materia y que se refiere al principio de precaución, aún es débil en cuanto al acceso a la información por parte de las comunidades, olvida mencionar específicamente a los campesinos, no es clara sobre el tipo de protección que recibirán los representantes de las comunidades y no tiene en cuenta al sector académico para poder evaluar los impactos ambientales y sociales.
“Los procesos de desarrollo han generado y pueden generar nuevos conflictos y exclusión de los pueblos indígenas. En este sentido, nos parece fundamental en los procesos de consentimiento previo libre e informado debe existir la posibilidad para las comunidades de rechazar la realización de los proyectos o manifestar su no consentimiento, una cuestión que no está clara en las guías de implementación del BID”, concluyen los autores del documento.
Entre las distintas normas que analiza la guía están “las condiciones laborales y de trabajo”, “adquisición de tierras y reasentamiento voluntario”, “pueblos indígenas”, y “participación de las partes interesadas y divulgación de información”. “Consideramos que el aumento en las cifras de deforestación y conflictividad, en el bioma amazónico, es un contexto clave al momento de desarrollar e implementar políticas sociales y ambientales, frente a cualquier proyecto que afecte este territorio”, es una de las motivaciones claves que tiene esta publicación.
Los invitamos a leer la publicación completa en www.coalicionregional.net o www.ambienteysociedad.org.co
