Por: Laura Montaño – abogada e investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad
El nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial trajo varios cambios a las políticas de salvaguardas que tradicionalmente había implementado en sus proyectos. Este nuevo marco buscó fortalecer y mejorar el monitoreo e implementación de las políticas ambientales y sociales, para garantizar un desarrollo sostenible a través de los proyectos que financia. Sin embargo, se observaron unos vacíos que aún se deben reforzar en las actuaciones del banco frente a sus proyectos.
El MAS, a diferencia de las salvaguardas anteriores, quiso recoger los avances que se han hecho en materia socioambiental a lo largo de los años y condensarlos de una manera más sencilla. Al final, el resultado fue un marco más ambiguo ya que estableció las obligaciones en materia ambiental y social a partir de generalidades. Esto lleva a que el monitoreo de cumplimiento se vuelva más complejo, por ejemplo, la forma en la que se establecen las obligaciones del Estándar 1 -sobre la evaluación ambiental- , en donde con solo mencionarse que se hizo revisión de los estudios presentados ya se cumple con ese requisito. En ese caso no existe ningún tipo de obligación real frente a la calidad de los estudios que debe revisar el banco, simplemente deben cumplir con revisarlo. Este tipo de redacciones, dejan un vacío en las acciones concretas que se deben tomar y los documentos mínimos que se deben expedir, para evidenciar una debida diligencia por parte del banco y de los beneficiarios.
De igual manera, se mantiene el recurrente reclamo frente a la aplicabilidad de estas normas ambientales y sociales en los proyectos del Banco. Estas normas sólo aplican a los proyectos de inversión, cuando podemos ver que la gran mayoría de proyectos que financia actualmente el Banco en América Latina, especialmente Colombia, son de desarrollo de políticas públicas. Continuar con una postura institucional que considera que una asesoría o un financiamiento para la estructuración de una política pública, no va a tener impactos ambientales y sociales, muestra una comprensión reducida por el Banco, del verdadero impacto de estos proyectos y de estas políticas en la gobernanza de los países beneficiarios.
Por otra parte, al hacer revisión de los documentos expedidos por el Banco en los proyectos que ya se han estructurado bajo el MAS, es posible ver que se mencionan los nuevos estándares de manera reiterada. Esto, sin embargo, no es una garantía de unos estudios profundos. Como se mencionó anteriormente, en gran parte de los documentos se establece que se cumple con los requerimientos del MAS porque el proyecto reconoce la existencia de los estándares aplicables al proyecto. Se pudo observar que no existe una obligación clara para los proyectos, de un documento en el que se realice una valoración puntual por cada estándar. Su simple reconocimiento, resulta suficiente para el Banco.
Como ejercicio para ver de qué manera estaba siendo implementado el MAS, observamos el caso del Metropolitano Norte de Lima, un proyecto de transporte en la región periférica norte de Lima. Este es un proyecto de transporte urbano que consiste en unificar la región norte periférica metropolitana de la ciudad con tres municipios aledaños para ampliar la extensión de las vías actuales. Este proyecto es la continuación del Proyecto de Transporte de Lima implementado de 2003 a 2011. Para la ejecución de este proyecto se aprobó un préstamo por 123 millones de dólares.
En este caso, encontramos conflictos frente al Estándar 10 -sobre el acceso a la información-, vimos que se abrieron espacios de diálogo y difusión del proyecto pero, la mayoría de los espacios de participación fueron lugares en donde se llevó a cabo un ejercicio de comunicación del proyecto, lo cual no garantiza una participación real de la comunidad, ni una incidencia en el proyecto. De igual manera, para este proyecto puntual, la información que se encontró disponible en la página de la Municipalidad y del Banco, está en su mayoría en inglés, lo cual impide un fácil y transparente acceso a la información. Decir que hay accesibilidad en un proyecto, no lo hace accesible.
Creer que el acceso a la información se implementa como trámite que cumple con la mera apertura de unos espacios con presencia de actores distintos al Banco y a la Municipalidad, es una visión equivocada, restrictiva e instrumentalizadora del derecho a participación ciudadana en estos proyectos.
Si bien el MAS tiene dos años de vigencia, es hasta este momento que se pueden observar aquellos proyectos que se estructuraron y aprobaron en el 2019-2020, los cuales se encuentran bajo las normas de estas políticas. Son pocos y recientes estos proyectos, sin embargo, ya en varios se ha podido observar como comienza a ser la implementación del MAS. Todas las revisiones que se hagan sobre la implementación a este momento son iniciales, es importante observar cómo se desarrolla la implementación de los otros requisitos del MAS a lo largo de la ejecución de proyectos. El principal reto que se identifica es el cumplimiento de los informes periódicos sobre el cumplimiento del MAS que funcionen como herramientas para la comunidad ante cualquier vulneración en materia socioambiental durante la ejecución del proyecto. El cumplimiento de estos informes, y la garantía de acceso a esto, es una forma de permitir que las comunidades que van a ser impactadas cuenten con autonomía para actuar frente a cualquier eventual vulneración.
