¿Cómo puede fortalecer el BID su Marco de Políticas Ambientales y Sociales para mejorar el desarrollo sostenible e inclusivo?

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Mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revisa su Marco de Políticas Ambiental y Social (MPAS), la sociedad civil continúa reflexionando sobre las principales mejoras del segundo borrador del MPAS y ofreciendo recomendaciones para que el BID fortalezca su marco de salvaguardas ambientales y sociales para alinearse con los más altos estándares en el desarrollo. Las OSCs esperan que el BID diseñe un sistema de salvaguardas sólido e integrado para garantizar una mejor gobernanza A&S, promoviendo un efecto de derrame positivo dentro del BID y sus Prestatarios.

Este artículo fue escrito con co-autoría con Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) 

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Los estándares ambientales y sociales (A&S) son un sistema de reglas que sirven para mitigar, prevenir, y reducir los impactos negativos asociados con los proyectos de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Los prestatarios están obligados a cumplir con estas normas A&S cuando implementan proyectos financiados por los BMDs. Actualmente, el BID está actualizando sus Políticas de Salvaguardas Operativas ambientales y sociales (2006) y la sociedad civil ha participado en el proceso, proporcionando retroalimentación para fortalecer las políticas y crear una cultura de desarrollo que proteja a las personas y el medio ambiente. El 16 de septiembre de 2020, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el nuevo Marco de Política Ambientales y Sociales, que incluye algunas de las principales recomendaciones formuladas por la sociedad civil durante el proceso de consulta al primer y segundo borrador del MPAS.

La Junta Directiva del BID aprobó el segundo borrador de MPAS el 6 de julio de 2020 y abrió una ventana de 30 días para recibir comentarios de las partes interesadas. Sin embargo, los grupos de sociedad civil que venimos aportando al proceso, expresamos fuertes preocupaciones en torno a la consulta del MPAS. El proceso careció de oportunidades para una consulta constructiva y un diálogo significativo con las partes interesadas y las comunidades afectadas por el proyecto.1 Desde el principio, el mismo ha sido débil. Lo que el BID llama una “segunda fase de consulta pública” no abrió oportunidades reales para participar con la sociedad civil y las comunidades en un diálogo efectivo y significativo (ambos elementos críticos de una consulta genuina). Para obtener más información sobre las preocupaciones planteadas por la sociedad civil durante la primera fase de consulta del MPAS, consulte este artículo.

En términos de sustancia, celebramos muchos de los cambios introducidos en el segundo borrador del MPAS y que muchas de las recomendaciones que los grupos de la sociedad civil y las comunidades afectadas hicieron al primer borrador se tomaron en consideración, por ejemplo:

  • la adición de una lista de exclusión,
  • lenguaje reforzado para proteger los derechos humanos,
  • la inclusión del acuerdo Escazú,
  • responsabilidades mejoradas para el BID y el Prestatario, etc.

Estas disposiciones también deben incluirse en la versión final del MPAS. Al mismo tiempo, más elementos son clave para construir un sistema de salvaguardas integrado y completo que beneficie a las personas y al medio ambiente. Un sistema de protección robusto requiere los siguientes elementos:

  • Regulaciones ambientales y sociales alineadas con los más altos estándares internacionales en desarrollo. Estos incluyen las normas y estándares que los prestatarios deben aplicar en los proyectos que reciben financiamiento del BID. Estos estándares ambientales y sociales deben (en teoría) garantizar que los impactos negativos y los riesgos asociados con los proyectos del BID se identifiquen, eviten, minimicen, mitiguen y, si no, compensen adecuadamente.
  • Herramientas de transversalización sólidas para integrar el enfoque de salvaguardas A&S en la programación, planificación, capacitación, etc. Estas herramientas son fundamentales para abordar los problemas A&S de manera estratégica a corto, mediano, y largo plazo. Una mejor planificación ayuda a reducir riesgos.
  • Establecer el entorno propicio para operacionalizar efectivamente el MPAS. Esto incluye el desarrollo de un plan de implementación y un presupuesto sólidos, el establecimiento de los incentivos institucionales adecuados, y el apoyo a las actividades de creación de capacidad dentro del BID y las agencias ejecutoras, junto con el desarrollo de requisitos claros de implementación, monitoreo y evaluación.

Las OSCs enfatizan que pasar por alto cualquiera de estos elementos sería un gran error, ya que se corre el riesgo de hacer que las salvaguardas sean ineficaces y exponer al BID y a sus prestatarios a costosas fallas.

La sociedad civil ha proporcionado comentarios y recomendaciones al segundo borrador de MPAS, instando al BID a adoptar normas más altas aplicadas por instituciones pares e incorporar las lecciones aprendidas del IFC (el brazo que presta al sector privado del Banco Mundial), la implementación de proyectos del BID, los casos del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), y la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés). Para asegurar los beneficios que las adiciones al segundo borrador hacen posible, recomendamos lo siguiente:

1. Plan de transversalización e implementación: El MPAS debe incluir todas las disposiciones sobre transversalización que se encuentran en las Políticas Operativas actuales. Instamos al BID a consultar a la sociedad civil sobre el plan de implementación.

2. El principio de generar beneficios más allá de no causar perjuicios: El segundo borrador del MPAS incorpora el principio de maximizar el desarrollo sostenible de acuerdo con el principio de “generar beneficios más allá de no causar perjuicios”. Sin embargo, recomendamos establecer un procedimiento claro y transparente que implique la participación de las partes interesadas para apoyar a los prestatarios para identificar, informar, e implementar formas de lograrlo. El diseño y la implementación del proyecto deben mejorar no solo el bien social y ambiental del público, sino también el acceso equitativo a los beneficios del proyecto, especialmente entre los grupos marginados.

3. Lista de exclusión: Acogemos la adición de una lista de exclusión que reduce los riesgos para el Banco y hace que la toma de decisiones en el futuro sea clara y transparente. Pone al BID en línea con instituciones pares y corrige una brecha notable con respecto al primer borrador. Celebramos la adición del desarrollo y la exploración de carbón y petróleo y gas aguas arriba como esencial en esta lista de exclusión para que el BID esté alineado con su objetivo de promover el desarrollo respetuoso con el clima. También recomendamos añadir las siguientes a la lista para garantizar que los préstamos del BID no destruyan el capital natural del que dependen muchos ciudadanos: actividades que resulten en la destrucción de áreas de Alto Valor de Conservación (AVC), silvicultura de producción en bosques primarios/maduros intactos, fracking, grandes presas hidroeléctricas, cualquier actividad que implique formas dañinas o explotadoras de trabajo forzoso o trabajo infantil, y actividades agrícolas a gran escala que utilizan productos pesticidas.

4. No dilución: El MPAS debe seguir fortaleciendo el compromiso de “no dilución” al no diluir las políticas operativas actuales, en particular, OP-765 sobre Pueblos Indígenas, OP-703 sobre Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, OP-704 sobre Gestión del Riesgo de Desastres Naturales, y OP -761 sobre Igualdad de Género.

5. Fortalecimiento de la supervisión durante la implementación: Acogemos la inclusión de una disposición sobre el cierre de proyectos, y las adiciones sobre cómo el BID abordará el incumplimiento y el monitoreo ex post de terceros, ya que fortalecen la supervisión del proyecto. Sin embargo, para eliminar la flexibilidad, la acción discrecional, y el lenguaje débil/ambiguo, recomendamos más adiciones como:

  • establecer requisitos claros y fortalecer el lenguaje en todas las disposiciones relativas a la supervisión durante la implementación;
  • definir requisitos mínimos para proyectos de alto riesgo;
  • requerir un monitoreo independiente de terceros utilizando métodos participativos que involucren a las poblaciones afectadas en todos los proyectos de Categoría A;
  • abordar los impactos y riesgos A&S clave del diseño del proyecto;
  • establecer criterios de reportaje automáticos a las personas afectadas por el proyecto;
  • crear requisitos automáticos para divulgar información sobre la implementación del proyecto;
  • establecer un sistema predecible para monitorear e informar sobre el desempeño de las salvaguardas, entre otros.

6. Un Mecanismo de Reclamación y Rendición de Cuentas: Felicitamos la inclusión de un lenguaje que instruya a los Prestatarios a proporcionar a las personas afectadas por el proyecto información sobre el MICI, además del mecanismo de reclamación del proyecto. También acogemos la aclaración de que el acceso a MICI no depende del uso exhaustivo del mecanismo de reclamación del proyecto. Sin embargo, recomendamos proporcionar orientación concreta sobre cómo estructurar u operar un mecanismo de reclamación efectivo a nivel de proyecto, exigiendo al Prestatario que diseñe e implemente los Mecanismos de Reclamación del Prestatario basados en el Principio 31 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. También, los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto deben utilizar formatos accesibles y culturalmente apropiados para las diferentes necesidades físicas, sensoriales, culturales y/o cognitivas de las personas y comunidades locales afectadas por el proyecto.

7. Derechos Humanos y Represalias: Acogemos el compromiso explícito de respetar los derechos humanos y la referencia al Acuerdo de Escazú para promover activamente el acceso a la información, la participación de las partes interesadas, y la justicia ambiental. Además, acogemos el compromiso de no tolerar represalias, como amenazas, intimidación, acoso, o violencia contra de aquellos y aquellas que expresan su opinión u oposición a un proyecto financiado por el BID o al Prestatario, y el requisito de completar una evaluación de riesgo contextual como parte del proceso de debida diligencia del proyecto. Estas prácticas son esenciales para un desarrollo equitativo y sostenible. Sin embargo, el BID debe asegurarse de que el compromiso de no tolerar represalias se comunique desde el inicio de un proyecto con el Prestatario, y debe estar respaldado con las directrices para las acciones concretas que se deben tomar en respuesta a las represalias, si y cuando se materializan.

La sociedad civil será colaborando con el BID en el proceso de revisión de las salvaguardas, mientras analizamos el nuevo MPAS. Nuestra expectativa es que el BID utilice esta oportunidad para involucrarse  con las partes interesadas en el próximo proceso de pre-implementación e implementación del MPAS.Aunque el proceso de consulta para la revisión fue débil, las adiciones hechas al  nuevo MPAS son una señal de que el BID entiende la necesidad de garantizar la inclusión y la sostenibilidad.

Para obtener recomendaciones más detalladas y comentarios específicos sobre cada Norma de Desempeño, véase a continuación la presentación completa de la sociedad civil sobre el segundo borrador del Marco de Políticas Ambientales y Sociales.

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1. Las OSCs solicitaron al BID que tuviera un proceso de consulta real para la segunda fase con la esperanza de que el BID no solo albergue consultas regionales virtuales, sino que también ampliaría el período para presentar comentarios a al menos 60 días.