Fuente: Diario la Libertad
El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no firmar el denominado Acuerdo de Escazú “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales” como primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe.
Según Vanessa Torres, subdirectora de la Organización Ambiente y Sociedad, el negado acuerdo se desarrolla en tres pilares: “El derecho al acceso a la información pública ambiental, el derecho a la participación ambiental y el derecho de acceso a la justicia ambiental”, afirmó
Hay un cuarto pilar, el de la defensa a los líderes, elemento clave para el caso colombiano. Según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país del mundo con mayor cantidad de conflictos socioambientales y el tercero en asesinatos a líderes sociales dedicados al medio ambiente.
Del acuerdo se obligan, entre otras cosas, a garantizar el acceso público a toda la información relacionada con asuntos ambientales, además de garantizar la protección de los líderes ambientalistas.
La Cancillería, por su parte, en pronunciamiento oficial explica la participación del país en el acuerdo, sin embargo, desde el mes de septiembre, el Estado colombiano consideró que debía realizar las consultas necesarias para tomar la decisión si debía o no, apoyar esta iniciativa regional.
“Colombia participó activamente en la negociación del Acuerdo de Escazú y comparte su objetivo”, expresa pronunciamiento oficial de la entidad nacional
Agrega el Ministerio que “actualmente existen diversos instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en esta materia y cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia constitucional por lo que no se considera necesario suscribir el acuerdo en este momento”.
El argumento del Estado colombiano concluye diciendo que el esfuerzo del Gobierno Nacional actualmente es “enfocar todos los recursos en fortalecer la efectividad de la estructura normativa e institucional vigente”.
Ante esta posición del Gobierno se desvanecieron las expectativas de varias organizaciones ambientales que estaban centradas en que se diera la firma en la más reciente Asamblea de la ONU, pero no fue así.
Por su parte, Torres, subdirectora de la Organización Ambiente y Sociedad expresó que los argumentos esgrimidos por el Estado no son suficientes para que el país se niegue a suscribir esta herramienta de protección.
“Sí, efectivamente existen muchas normas. Ya mencionamos que hay desconocimiento, ineficiencia e ineficacia, pero hay un punto importante aquí y es que en Colombia no existe una normativa directa de protección sobre los defensores y defensoras ambientales, lo cual es necesario y digamos que sería un primer paso dentro de la voluntad política del gobierno nacional, la ratificación del Acuerdo de Escazú, para darles garantías a los líderes y lideresas que defienden nuestro territorio y que les está costando la vida”, indicó la vocera.
De los 33 gobiernos de América Latina y el Caribe, el Acuerdo ya fue firmado por 20 países y ratificado por 6 de ellos.
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