Paulina Garzón
Agosto 12, 2014
El día de ayer, el gobierno del Chad, anunció que llevará un caso en contra de China National Petroleum Corporation (CNPC) a la Cámara de Arbitraje Internacional de París, como había sido acordado en el contrato entre el gobierno de ese país y CNPC en caso de malas prácticas ambientales.
Unos días antes, mediante un decreto presidencial el gobierno del Chad revocó 5 licencias concedidas a CNPC por no haber cumplido con el pago de una multa de U$1,200 millones que había sido impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente chadiano por daño ambiental en las operaciones petrolíferas llevadas a cabo por CNPC. La multa fue resultado de una auditoría ambiental que se llevó a cabo el año pasado después de denuncias de pobladores y autoridades locales sobre residuos de petróleo que se habían enterrado sin ningún tratamiento.
En Agosto del 2013, en un hecho sin precedentes en la China, el Ministerio de Protección Ambiental prohibió a la empresa estatal más grande de China, CNPC, y a Sinopec, la construcción de nuevas refinerías y la expansión de las existentes por no haber cumplido los requerimientos ambientales chinos. En Ecuador, en cambio, el gobierno nacional ha invitado a CNPC para que sea una de sus “socias estratégicas” en la construcción de la Refinería del Pacífico, el proyecto de infraestructura petrolera más importante para el Ecuador.
Las acciones del gobierno del Chad y la China nos dejan, por lo menos, dos lecciones muy importantes. Primero, antes de confiarle el megaproyecto de la Refinería del Pacífico, se debería exigir una auditoría exhaustiva de la CNPC en las áreas que ya opera en Ecuador y una evaluación exhaustiva de los sistemas de operación, tecnología y equipos; la calidad de la implementación y supervisión de medidas ambientales y sociales; indicadores y sistemas de reporte de impactos, entre otros. Segundo, que los contratos entre empresas y gobiernos deben contener clausulas que garanticen a los gobiernos nacionales que las compañías extranjeras asuman responsabilidad económica sobre los daños ambientales y sociales que pueden causar las operaciones, y que si no lo hacen deben estar supeditadas a instancias que tengan la capacidad de actuar sobre ellas.
Por esta razón, aunque no es la única, la negociación de los préstamos y contratos que esta llevando adelante el gobierno ecuatoriano con los bancos y empresas chinas para financiar y operar la Refinería del Pacífico, deben abrirse al público en forma sustantiva, transparente y democrática. Al fin lo que esta en juego en esas negociaciones, y de definen en los contratos, es el patrimonio ecológico que es de todos.
