Por Maria Alejandra Aguilar H

Asociación Ambiente y Sociedad

El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad. Un hecho irrefutable es que el 70 por ciento de las emisiones responsables del calentamiento global provienen de combustibles fósiles. El Informe sobre la brecha de emisiones de 2019 del PNUMA retrata una realidad aterradora: para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 ° C, el mundo necesita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 7,6% cada año desde ahora hasta el 2030. Incluso con los compromisos actuales, las temperaturas se elevarán hasta 3,2ºC por encima de los niveles preindustriales, lo que nos conducirá a una catástrofe planetaria.

 

A pesar de décadas de advertencias, la dependencia energética mundial hacia los combustibles fósiles sigue siendo prácticamente la misma, mientras la evidencia científica es más clara que nunca, los combustibles fósiles deben desaparecer y para ello los países necesitan descarbonizar sus economías urgentemente. En esta tarea los bancos y las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental, cesando el financiamiento por completo de combustibles fósiles directa e indirectamente.

 

Aunque los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) están avanzando para alinear sus carteras de inversión de forma coherente con consideraciones climática, mediante la integración del cambio climático en sus estrategias institucionales y la eliminación de fondos para los combustibles fósiles, la transición no se está produciendo al ritmo necesario. Por ejemplo, desde la adopción del Acuerdo de París, el Banco Mundial ha invertido $12 mil millones en proyectos relacionados con combustibles fósiles, y aunque se ha comprometido con dejar de financiar proyectos de petróleo y gas `upstream` desde 2019, la inversión en tales proyectos persiste en los países en desarrollo que dependen de la industria petrolera. Según la ONG Urgewald, la inversión del Banco Mundial en combustibles fósiles incluye proyectos de petróleo y gas en Brasil por $ 38 millones y en Guyana por $ 20 millones.

 

Algunos pasos más adelante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido líder en la adopción de mejores prácticas climáticas, con la Evaluación de Cambio Climático y el BID en 2006 y la creación de la plataforma NDC Invest, “una ventanilla única para ayudar a los países a acceder a los recursos necesarios para traducir los compromisos climáticos nacionales en planes de inversión y proyectos financiables ”. El 16 de septiembre de 2020, este mismo banco, revisó y adoptó un nuevo Marco Ambiental y Social, centrado en poner las normas de derechos humanos en el centro de su políticas ambientales y sociales, incluido un enfoque independiente sobre igualdad de género; disposiciones específicas sobre comunidades afrodescendientes; derechos de pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado; mejores prácticas de participación pública y acceso a la información; e incluso consideraciones sobre riesgos relacionados con pandemias y epidemias. El documento también incluye una lista de actividades excluidas de cualquier tipo de apoyo financiero, como la extracción de carbón térmico, la energía a base de carbón y los proyectos de explotación y desarrollo de petróleo y gas upstream.

 

 A pesar de la importancia de estos pasos, que establecen un punto de referencia para otros bancos multilaterales de desarrollo, todavía existen vacíos que flexibilizan sus compromisos eliminar la financiación de los combustibles fósiles. Las acciones actuales se centran en la exploración `upstream`, dejando espacio para proyectos midstream y downstream. Así,  proyectos midstream podrían implicar transporte, almacenamiento y marketing; mientras que downstream podrían también incluir refinación, procesamiento y posiblemente comercialización y distribución. Por otro lado, otros tipos de inversiones pueden escapar a los estándares climáticos de los BMD, como Prestamos para Políticas de Desarrollo (DPL), intermediarios financieros (FIs), Asistencia Técnica (TA) (Christian AID, 2019).

 

Ahora, con los impactos negativos del COVID-19 en las economías mundiales, el riesgo que se plantea contra la acción climática es la inclinación de los países hacia la intensificación de los combustibles fósiles y las industrias extractivas, como una forma de recuperación rápida. Relegando a las economías ya carbono intensivas a retrasar su transición. Esto traerá consecuencias nefastas que agravarían la crisis climática. La paranoia se confirma con el actuar de algunas economías del G20 +, que a pesar de ser responsables del 78% de las emisiones globales, actualmente están comprometiendo grandes cantidades de dinero a los combustibles fósiles en sus planes de recuperación. La plataforma Energy Policy Tracker muestra que alrededor de $ 212 mil millones equivalentes al 52% de los fondos públicos para energía en paquetes de recuperación se han destinado a combustibles fósiles, EE. UU. encabeza la lista con aproximadamente $72,35 mil millones para políticas incondicionales de combustibles fósiles que no tienen objetivos climáticos considerados. Asimismo, el informe de Christian AID de 2019 “Pequeños pasos no son suficientes” denuncia que los recursos de los BMD dirigidos a renovables disminuyeron de 2017 a 2018.

 

Mantener, expandir e invertir en combustibles fósiles es una violación previsible de los Derechos Humanos de las generaciones presentes y futuras, así de simple, porque contribuyen directamente al aumento de la temperatura del planeta por encima del rango habitable. Cada centavo que se destina a los combustibles fósiles mina nuestra mera existencia. El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, en su informe “Clima seguro”, destaca la obligación de todos los Estados de desarrollar planes de descarbonización con un enfoque de derechos humanos, eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, rechazar  la expansión de la infraestructura relacionada y prohibir una mayor explotación de combustibles fósiles, entre otros, y se refiere explícitamente a la necesidad de las instituciones financieras y los bancos de cesar el financiamiento de los combustibles fósiles. La lucha eficaz contra el cambio climático requiere una transición energética global y el compromiso de lograr emisiones netas cero para 2050. Los gobiernos, los BMD y otras instituciones financieras deben comprometerse sin demora con la lucha para curvar las emisiones,  promoviendo transiciones justas y acelerando la descarbonización de las economías.