Campesinos del Putumayo dicen que explotación petrolera contamina fuentes de agua

    Piden que el Gobierno los declare víctimas ambientales, pues la extracción del crudo les ha traído más conflictos que beneficios.

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    Primera publicación: Noticias Caracol 

    Por: Álvaro Fredy Acevedo

    Ambiente y Sociedad invitó a Noticias Caracol para visibilizar el conflicto por el agua que viven miles de campesinos en el Corredor Puerto Vega-Teteye.

    Puerto Asís no tiene un puente que lo comunique con las veredas del sur. Para movilizarse, gracias a un esfuerzo comunitario, centenares de personas y vehículos, incluidos los carrotanques de las petroleras, cruzan el río Putumayo en lanchas y planchones. Pero la contaminación de sus caudales, lagos y humedales es lo que más preocupa a las comunidades campesinas porque el impacto por vertimientos de crudo es evidente.

    Sin embargo, no solo la actividad de las empresas petroleras es la causante del problema. En 2015 la zona sufrió una de sus peores tragedias ambientales, cuando la entonces guerrilla de las FARC obligó a los conductores de por lo menos 20 camiones a vaciar sus tanques. Más de 200 mil galones de crudo fueron a parar a los cuerpos de agua y gran parte de ese problema aún sigue sin resolver.

    ¿Qué dicen las autoridades y la empresa?

    En el corredor existen tres campos petroleros: Quillacinga, Cohembí y Quinde. En un principio fueron operados por Vetra, filial de Energy Colombia, pero en 2019 vendió su concesión a la multinacional canadiense Gran Tierra, que desde entonces explota los campos.

    Según la empresa, que envió un comunicado, desde que está en la zona no ha sufrido ningún accidente que afecte los cuerpos de agua.

    “La compañía ha dado pleno cumplimiento a los requisitos establecidos en la licencia ambiental del bloque Suroriente y monitorea constantemente los cuerpos de agua cercanos al campo, incluyendo las aguas subterráneas. Los resultados de este monitoreo continuo se envían periódicamente a las autoridades ambientales para uso público. Desde que Gran Tierra asumió la operación del bloque Suroriente no ha habido ningún derrame de petróleo que haya afectado a las comunidades, las fuentes de agua o el medio ambiente”.

    Además, dice el texto de cuatro páginas, que frente a la limpieza que ordenó el fallo del Tribunal de Nariño avanzan de acuerdo a los planes establecidos: “El 5 de septiembre de 2019, una vez acordado un plan hacia adelante con las comunidades, la empresa comenzó las actividades de limpieza en el corredor Puerto Vega-Teteyé. A partir de este momento, todas las actividades y las diferentes etapas del proceso de limpieza han sido un esfuerzo concertado e implementado en conjunto con las comunidades. A la fecha se han limpiado 25.34 hectáreas, de las 28 hectáreas totales, según lo acordado con las comunidades locales”.

    También precisa que lanzó en 2019 un plan de desminado humanitario para desactivar artefactos explosivos por ser una amenaza a los derechos humanos de las comunidades y finalmente aseguran que invierten cerca de diez mil millones de pesos en proyectos productivos a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el mecanismo obras por impuestos.

    Desde Corpoamazonía, autoridad ambiental de la región, Silady Ortega, subdirectora de la regional Putumayo, le dijo a Noticias Caracol que monitorean los trabajos de mitigación de la empresa: “Hemos ido avanzando en la formulación del programa institucional de la ruta del agua, en busca de generar alternativas para la protección del recurso hídrico, y hemos realizado acciones de monitoreo comunitario haciendo un ejercicio muy interesante con nuestras comunidades para buscar alternativas de protección de los recursos naturales”.

    Las comunidades siguen inconformes y para ellas solo hay una realidad: no tienen agua potable, sus fuentes de agua están contaminadas, los suelos también están afectados para la siembra y el futuro no es bueno si las cosas siguen así.

    Los campesinos continúan su lucha por recuperar la gobernanza del agua y que el Gobierno adopte el plan de manejo de humedales para protegerlos y asegurarlos, porque de lo contrario está en peligro la sobrevivencia de las comunidades.