Aumenta la deforestación en resguardos indígenas y Parques Naturales

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  • En 2021 se talaron 174.103 hectáreas de bosque en Colombia, un 1,5% más que el año anterior 
  • Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Amazonía colombiana perdió 113.572 ha desde abril de 2021 a marzo de 2022

Por Karen Pinto Garzón

La meta de deforestación cero para 2030 prometida por el actual Gobierno parece cada vez más difícil de alcanzar. Según el Ministerio de Ambiente, en 2021 se perdieron 174.103 hectáreas (ha) de bosque a nivel nacional, lo que significó un incremento del 1,5% en comparación con el año 2020. Mientras que la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) reportó un aumento de la deforestación en resguardos indígenas y Parques Nacionales Naturales

A pesar de los resultados negativos, el Ministerio adjudica como un logro del Gobierno las cifras obtenidas en los últimos cuatro años, argumentando que el presidente Iván Duque “cierra su gestión quebrando la curva ascendente de la deforestación en Colombia, que había logrado su pico más reciente en el año 2017 con 219.552 ha deforestadas y alcanzado una reducción acumulada de 45.449 ha”. Sin embargo, en los dos últimos años se ha presentado un crecimiento consecutivo de este fenómeno: en 2020 se registró un 8% más de tala y quema de bosques que en 2019. 

En el estudio Seguimiento de la pérdida de bosques y cambio de cobertura en el arco de deforestación en la Amazonía colombiana de la FCDS, publicado la semana anterior, se indica que la Amazonía perdió 113.572 ha entre abril de 2021 a marzo de 2022, después de analizar un área de 14.745.785 ha, comprendida por algunos municipios de los departamentos del Guaviare, Caquetá, Meta, Puerto Leguízamo, y Putumayo. 

Otros resultados revelan que en los 55 resguardos indígenas, ubicados dentro del área de estudio, se arrasó con 9.120 ha, concentradas un 60% en el resguardo Llanos del Yarí – Yaguara II (5.517 ha), seguido por un 20% en el resguardo indígena Nukak – Makú (1.813 ha).

La degradación de bosques en los resguardos indígenas es una de las actividades que más preocupa a los expertos debido a las consecuencias socioambientales negativas que se generan, así como la alteración de las actividades de subsistencia de las comunidades, el desplazamiento forzado de los habitantes o el incremento de conflictos por la invasión de actores externos, así como los grupos ilegales, lo que ocasiona nuevos ciclos de violencia rural. 

Otra de las preocupaciones es el aumento de la deforestación en áreas protegidas, según el análisis de la FCDS, en los Parques Naturales del área de estudio analizada se concentró el 14% desde abril de 2021 a marzo de 2022. El más afectado es el Parque Nacional Natural Tinigua, en el municipio de La Macarena, donde se duplicó la pérdida de hectáreas, pasando de 4000 ha a 8216. 

También se realizó el monitoreo del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, la Reserva Nacional Natural Nukak, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y el Parque Nacional Natural La Paya. Y en el caso del Parque Nacional Chiribiquete hubo un aumento del 13% de 2020 a 2021, como se indica en el informe del Ministerio.

Las principales causas de la deforestación en el país son el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, la ampliación de la infraestructura vial, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas. La FCDS menciona las mismas causas para la pérdida de bosques amazónicos, pero añade la agroindustria, los pastizales, y la extracción de madera y minería.

Para contener la deforestación, según expertos de la ONG Ambiente y Sociedad, es necesario poner en rigor el Acuerdo de Paz para lograr un desescalamiento del conflicto armado y detener el engrosamiento de la frontera agrícola. Y aconseja además la implementación de una efectiva seguridad jurídica para las comunidades rurales, para que se les permita ejercer acciones de conservación y determinar de forma autónoma el ordenamiento y la gestión territorial.