Amicus Curiae: caso de La Comunidad de La Oroya vs. Perú

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    COMUNICADO DE PRENSA: ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS SE UNEN A EXFUNCIONARIOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO Y DE LA ONU PARA INSTAR A LA CORTE INTERAMERICANA A ESTABLECER ESTÁNDARES PARA LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

    El viernes 4 de noviembre, ex comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión Interamericana o CIDH), expertos que han trabajado y trabajan en las Naciones Unidas (ONU), destacados académicos en derecho ambiental y organizaciones de la sociedad civil se unieron a la Red Universitaria para los Derechos Humanos al hacer un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana o Corte IDH) para proteger a las víctimas de la contaminación ambiental. La semana pasada, los grupos presentaron dos amicus curiae por separado ante la Corte en el caso Comunidad de La Oroya vs. Perú. Hoy, se presentaron versiones finales de los documentos con las firmas de 40 expertos destacados en derecho ambiental y derechos humanos al igual que diferentes ONGs.

    El pequeño pueblo peruano de La Oroya es uno de los lugares más contaminados en el mundo. Un enorme complejo metalúrgico actualmente operado por Doe Run Company, con sede en EE. UU., ha expuesto a la comunidad a contaminantes tóxicos que causan cáncer, daños a órganos vitales, infertilidad y daños irreversibles al sistema respiratorio. El noventa y nueve por ciento de los niños y niñas del pueblo presentan niveles de metales pesados en la sangre sustancialmente más altos que los límites establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

    La falta de regulación del complejo metalúrgico por parte del gobierno peruano llevó a la comunidad de la Oroya a buscar justicia dentro del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de los habitantes de La Oroya en 2007 y encontró responsable al Estado peruano por violaciones a sus derechos en un informe de fondo de 2020. En 2021, luego de que Perú no implementara las recomendaciones de la CIDH para contener la contaminación y salvaguardar a los habitantes de La Oroya, la Comisión Interamericana presentó una demanda ante la Corte Interamericana.

    “La Oroya es un trágico ejemplo de una ‘zona de sacrificio’, una de las muchas comunidades del hemisferio que viven a la sombra de una actividad industrial pesada y concentrada que las somete diariamente a un cóctel tóxico de químicos”, dijo Jacob Kopas, abogado senior del Programa Internacional de EarthJustice. “La decisión de la Corte Interamericana podría crear un precedente monumental que ayudará a comunidades como La Oroya a luchar por su derecho a respirar aire limpio y criar a sus familias en un ambiente libre de tóxicos”.

    Este caso plantea la cuestión de qué deben hacer los Estados para defender el derecho humano a un medio ambiente sano en casos de contaminación industrial ante la Corte IDH por primera vez. Los dos amicus curiae enfatizan la importancia de esta pregunta al tiempo que brindan orientación práctica sobre el alcance y el contenido del derecho a un medio ambiente sano.

    En uno de los amicus, los expertos internacionales se basan en el derecho internacional y las mejores prácticas para instar a la Corte Interamericana a fallar este caso de conformidad con los estándares mundiales sobre el derecho a un medio ambiente sano. Estos expertos incluyen a Juan Méndez, ex presidente de la Comisión Interamericana; John Knox, primer relator especial de la ONU sobre el derecho a un medio ambiente sano; y James Anaya, ex relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. A ellos se suman cuatro ex comisionados de la CIDH, así como académicos del derecho ambiental de todo el mundo.

    “Es fundamental que la Corte reconozca las obligaciones sustantivas y procesales necesarias para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano”, dijo James Cavallaro, ex Comisionado de la CIDH, Director Ejecutivo de la Red Universitaria para los Derechos Humanos y signatario del amicus presentado por expertos internacionales. “Sin obligaciones estatales claramente definidas, el derecho a un ambiente sano no será una realidad para la gente de La Oroya y otras comunidades en toda la región afectadas de manera similar por la destrucción ambiental”.

    En el otro amicus, 23 organizaciones de la sociedad civil destacan la necesidad de una acción urgente por parte de la Corte Interamericana para proteger a la comunidad de La Oroya, así como a las muchas comunidades que enfrentan violaciones de derechos similares en todo el continente americano y el Caribe. El amicus detalla casos de contaminación industrial en toda la región y reitera las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir el derecho a un medio ambiente sano.

    “El caso de la Oroya, es un caso emblemático y representa la tragedia que viven miles de personas en todo el continente americano como consecuencia de la explotación minera”, dijo Juliana Bravo Valencia, directora del Programa Amazonía de EarthRights International, organización signataria del amicus presentado por la sociedad civil. “La decisión de la Corte, no solo será un mensaje para las víctimas del caso La Oroya, sino también para todas las comunidades y pueblos que viven la exposición crónica a metales pesados y otras sustancias químicas en el Perú y en la región”.

    La Red Universitaria para los Derechos Humanos, en colaboración con el Proyecto Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale y estudiantes de la Facultad de Derecho de Columbia, brindó apoyo en la redacción de ambos amicus.

    “Confiamos en que estos amicus, junto con la incidencia de los peticionarios y el apoyo de la Comisión Interamericana, pueden ayudar a establecer un nuevo estándar para la regulación de la contaminación”, dijo Declan O’Briain, candidato a J.D. en la Facultad de Derecho de Yale, uno de los directores estudiantiles del Proyecto Lowenstein y colaborador del amicus presentado por expertos internacionales. “Si la Corte actúa de manera decisiva, no solo hará justicia para el pueblo de La Oroya, sino que también mejorará la protección del derecho humano a un medio ambiente sano en las Américas”.

    INFORME DE SOCIEDAD CIVIL