Fuente: Semana sostenible

Turismo de naturaleza, desarrollo agroforestal y mercados de carbono, son algunas de las opciones que se plantean a cambio de la extracción de hidrocarburos. Estudio de Ambiente y Sociedad indica que hoy se desarrollan 54 proyectos de hidrocarburos en Putumayo y Caquetá.

El hundimiento la semana pasada en plenaria de la Cámara de Representantes de la iniciativa que buscaba prohibir el desarrollo de proyectos de extracción de hidrocarburos en los departamentos de la Amazonia, pone sobre la mesa el debate sobre cual debe ser el futuro para esta zona del país, apetecida por tantos.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara y una de las principales impulsoras de la proposición que pretendía salvaguardar la Amazonia de este tipo de iniciativas, considera que es determinante ordenar el territorio para definir dónde se llevan a cabo actividades de hidrocarburos y de minería por su contribución al desarrollo económico, y dónde no, por el valor ambiental de ciertos ecosistemas, que es fundamental.

“Es increíble que en medio de una pandemia como la que vivimos no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre el inmenso valor de la región amazónica, incluso para prevenir la transmisión de virus como el covid-19 de animales a seres humanos”, asegura.

Al respecto, Julio Andrés Rozo, director de Escuela Bosque Amazonia Emprende, considera que la decisión tomada deja abierta la posibilidad de que en el futuro se generen proyectos petroleros en el territorio amazónico, un territorio del cual como colombianos nos solemos jactar, dentro y fuera del país, por ser el más mega-biodiverso del planeta.

Descarbonizar, la alternativa

Si bien reconoce que no se trata de satanizar los hidrocarburos, también plantea que es necesario intensificar el debate sobre la importancia de la Amazonia para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para la región, pues si bien es claro que el país aún depende de estas actividades económicas para sus ingresos fiscales, las mismas se deben desarrollar en zonas en donde los impactos puedan ser más manejables. “Es importante que el país debata en torno a la descarbonización como lo han hecho otras naciones”, manifiesta, al precisar que no se puede continuar fomentando el extractivismo desde el desconocimiento.

Considera clave que se fortalezca el desarrollo de emprendimientos y modelos de negocio verdes, regenerativos y orientados hacia la conservación para el millón de personas que habitan en esa región.

En su concepto, lo económico no compite con lo ambiental y sí existen alternativas para hacerlo, por ejemplo, con el turismo de naturaleza, la gestión responsable y planificada de los productos forestales maderables y no maderables del bosque, mercados de carbono para la conservación de los servicios ecosistémicos que ofrece la región y especialmente la restauración y regeneración de los ecosistemas degradados.

“Hay áreas importantes que han sido degradadas y en las que no hay selva como es el caso del piedemonte amazónico, pero esta es una oportunidad muy grande para que el país reforeste y regenere, no para que se piense que como no hay bosque entonces se pueden realizar actividades extractivas”, asegura.

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La deforestación es una de las principales problemáticas que afecta a la Amazonia. Foto: Greenpeace

No diferente opina el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, para quien es un hecho que el país tiene que buscar formas de desarrollo agroforestal, pero no los tipos de proyectos que van en contra del medio ambiente y de los habitantes de la región.

A su juicio, la Amazonia debe ser una zona de conservación, en la que también se les brinde a las comunidades la posibilidad de tener un crecimiento económico pero en armonía con los recursos naturales.

Incidencia en resguardos indígenas

Precisamente, el objetivo es que en la zona no se continúen expandiendo este tipo de proyectos extractivos no solo por los efectos que generan en materia ambiental, sino por el impacto que tienen en las comunidades, en su mayoría indígenas, que habitan en la región.

Un estudio realizado por la ONG Ambiente y Sociedad, entre Caquetá y Putumayo, que es donde más actividad hay en términos petroleros en este momento, se desarrollan 54 proyectos de hidrocarburos, de los cuales 30 se traslapan con 56 resguardos: 25 en Putumayo y cinco en Caquetá.

Esta entidad realizó un análisis sobre la industria de hidrocarburos en el pie de monte amazónico, tomando como caso el departemento de Putumayo. Laura Montaño, abogada e investigadora de la misma, manifestó que para esto se tomaron como objeto de estudio los casos de tres bloques petroleros: PUT- 1, PUT-12 y PUT-14.

Según Montaño, el análisis les permitió establecer que hay seis aspectos que son transversales e impactan a los habitantes de los resguados que se traslapan con los proyectos estudiados: Incumplimiento de fallos judiciales, la ausencia de entes de control en los procesos que llevan a cabo la empresa y la comunidad, desconocimiento de la presencia de las comunidades por parte del Ministerio del Interior, continuación de la consulta cuando la comunidad expresamente ha dicho que no quiere el desarrollo del proyecto en su territorio, el desconocimiento de la comunidad acerca de los alcances de las acciones desdarrolladas por las empresas de hidrocarburos y la vulneración del acceso a la información pública por parte de las entidades estatales.

De acuerdo con Montaño, estas problemáticas se generan porque en el caso, por ejemplo, de la consulta previa, esta no es un poder de veto para  las comunidades, el problema es que las compañías no buscan llegar a acuerdos, sino que continúan con el proceso independiente de la posición de las comunidades con el proyecto.

“Los análisis permiten determinar que no se tienen en cuenta los problemas ambientales y sociales que se generan dentro de los territorios y las empresas normalmente trabajan en cómo pueden resarcir ese daño, pero no en cómo reestructurar el proyecto de tal forma que se minimicen o se eviten los daños que se están generando a las comunidades”, advierte Montaño.

En el análisis de los tres casos, se realizó un estudio empresarial en donde se valora cuál es la estrucutrra societaria que se utiliza en el territorio y que implicaciones trae para la región. Una de las principales conclusiones de los análisis de Ambiente y Sociedad es que se trata de empresas multinacionacionales, que tienen su casa matriz fuera del país, que crean sociedades en Colombia, pero la hacen con una capacidad mínima de patrimonio.

“Las implicaciones que esto tiene es que ante cualquier demanda y litigio, ellos deben responder hasta el tope de lo que dice su patrimonio en los estatutos. Patrimonios muy bajos que no muestran la realidad económica de estas empresas”.

Putumayo y Caquetá, en la mira

La Amazonia resulta muy atractiva para estas grandes empresas debido a que las principales reservas petroleras de Colomba están al sur del país y al oriente, en los Llanos, Arauca y Meta.

Putumayo y Caquetá resultan muy atractivos para las grandes multinacionales interesadas en desarrollar proyectos de extracción.  Montaño dice que a diferencia de un departamento como la Amazonia, lo que sucede en los otros dos es que si bien hay muchos resguardos indígenas, no hay reservas naturales, lo que los deja más expuestos a la industria extractiva. Putumayo, específicamente, tiene una alta presencia indígena, pero no tiene foco de preservación de biodiversidad, a diferencia de otros departamentos. 

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La Amazonia debe ser escenario del desarrollo de proyectos sostenibles.

De acuerdo con el análisis realizado por Ambiente y Sociedad, los principales impactos se registran en materia de seguridad porque la presencia de las empresas petroleras suele llamar la atención de actores armados ilegales. “Un juez de restitución de tierras logró establecer el vínculo entre grupos paramilitares y la presencia de empresas. Llegan e intimidan a las comunidades para que permitan las actividades extractivas”.

Desde el punto de vista ambiental, estas industrias extractivas tienen un gran impacto porque afectan las fuentes hídricas y los recursos naturales, lo que se traduce en un impacto directo a los habitantes de los resgusados que encuentran en ellos una de las formas más importantes de subsistencia.

Adicionalmente, la presencia de empresas de hidrocarburos llevan a las regiones culturas y formas de vida diferentes a las de los reguardos y comunidades que habitan en la región, quebrantando su construcción social, pues aumenta la violencia sexual, los embarazos de adolescentes, se cambian las tradiciones y todo esto termina fomentando la extinción de culturas indígenas.

Ante este panorama, el llamado es a generar el debate en torno a la adopción de modelos ecobnómicos sostenibles que permitan la generación de importantes niveles de ingresos, sin necesidad de recurrir a la industria extractiva. Según Julio Andrés Rozo, es importante adelantar estudios serios que visibilicen las oportunidades reales que ofrece esta región, para tener elementos de juicio que permitan tomar decisiones en torno a la diversificación de actividades productivas sostenibles.