Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en gran parte de su articulado sin un adecuado estudio sobre las implicaciones en materia ambiental y en protección de derechos.
Los planes de gobierno actual parecen estar tomando un rumbo equivocado.
Por: Milena Bernal, investigadora área de cambio climático y comunidades forestales
Hace 15 años los jefes de estado y de gobierno de todo el mundo firmaron la declaración del milenio con base en la cual se plantearon los 8 objetivos de desarrollo del milenio con los cuales se buscaba reducir la pobreza, a través de unas metas que debían alcanzarse antes de finalizar este año.
Se plantearon ocho objetivos como lo son reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr la sostenibilidad ambiental, lograr la enseña primaria universal, promover igualdad entre los sexos, mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, combatir el sida paludismo y otras enfermedades y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Para dar continuidad a estos objetivos se han propuesto 17 objetivos de desarrollo sostenible compuestos por 169 metas que serian aprobados en la cumbre mundial de desarrollo sostenible en septiembre de este año. Garantizar la disponibilidad de agua, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, así como proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas y frenar la perdida de biodiversidad biológica son solo algunos de los objetivos que serian aprobados en septiembre durante la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible.
En marzo de 2014 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe “objetivos de desarrollo Colombia 2014”[1] según el cual la lucha contra la pobreza esta dando resultados desiguales, tan solo en Chocó, Cauca y Córdoba se tienen tasas de pobreza por encima del 60% a diferencia de ciudades como Bogotá donde las cifras llegan a un 11%, así mismo se documento como en el sector rural aumentó la tasa de pobreza entre 2011 y 2012 pasando de 46,1% a 46,8%, es decir cerca de 80.000 personas.
Si lo que se busca con los objetivos de desarrollo sostenible es no solo lograr reducir los niveles de pobreza en el mundo sino también dirigir el Planeta hacia el camino de la sostenibilidad, los planes de gobierno actual parecen estar tomando un rumbo equivocado. El Plan Nacional de Desarrollo “todos por un nuevo país” (nueva ley 138 de 2015-senado[2]) fue aprobado en gran parte de su articulado sin un adecuado estudio sobre las implicaciones, que especialmente en materia ambiental y de protección de derechos puede traer la inclusión de actividades de producción económica especialmente ligadas con la extracción de minerales e hidrocarburos en zonas de especial importancia ecosistémica tales como los páramos y zonas de reserva natural.
El planteamiento e inclusión de licencias ambientales “express”, el aval sobre el uso del fracking, y la minería en paramos no sólo va en contra de los intereses sociales y ambientales de la nación sino que además pone en alto riesgo las arcas de la nación tal como lo ha señalo la contraloría en mas de una ocasión.
Aun cuando la sala de Consulta del Consejo de Estado se pronunció sobre las implicaciones de la minería en los páramos argumentando que esta no debe permitirse cuando sus consecuencias para el medio ambiente sean adversas, las consideraciones del máximo tribunal quedaron sublevadas con la aprobación del nuevo PND.
Si bien el argumento que siempre se ha utilizado para ponderar el desarrollo económico por encima de cualquier tipo de conservación ha sido el de determinar como de utilidad pública e interés social las actividades de extracción minera e hidrocarburifera, no debemos olvidar que también el Artículo 1º del Decreto 2811 de 1974 (código de recursos naturales) en concordancia con el Artículo 30 de la Constitución Nacional ha establecido que “El ambiente es patrimonio común y su preservación y manejo, son de utilidad pública e interés social.
La vulneración de los derechos a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a vivir en condiciones dignas, así como el derecho de las comunidades indígenas, afrocolombianas y en general las poblaciones rurales a ser consultadas, son y seguirán siendo el motor principal de conflictos ambientales que con los modelos de desarrollo actual solamente empeoraran la situación de la mayoría de la población Colombiana.
[1] http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=75016#.VUzlZI5_Okp
[2] Disponible en: http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-2013-2014/405-proyecto-de-ley-138-de-2015
