Las contradicciones en las políticas para la conservación y protecciónde los páramos han dado pie a conflictos entre las comunidades, las mineras y el Estado. Esta es la principal conclusión del estudio “Conflictos socioambientales en los páramos de la Sabana de Bogotá”, que adelantó durante dos años la Asociación Ambiente y Sociedad.
La líder de la investigación es Andrea Prieto Rozo quien, tras 10 años de acercamiento con las comunidades de los páramos, articuló la experiencia de antropólogos, biólogos, sociólogos y geógrafos para analizar el problema desde diferentes enfoques. Su objetivo fue mostrar “El choque de múltiples actores e intereses sobre un mismo espacio, generando conflictos que van desde lo local hasta lo internacional”.
Aunque en el país hay 2,9 millones de hectáreas de páramos protegidos, el trabajo se concentró en las zonas del altiplano cundiboyacense, que concentra el 41 % de estos territorios, para identificar los conflictos que se viven a lo largo y ancho del territorio nacional.
Entre los problemas que identifica el estudio están la extracción minera, gasífera y petrolera; la agroindustria papera y los cultivos de cebolla; la restricción al uso del suelo por medidas de conservación; la introducción de especies exóticas; la expansión ganadera y el pastoreo extensivo. Además, la desecación de humedales; la urbanización descontrolada en el altiplano; la canalización de cuerpos de agua; la creciente demanda de servicios ecosistémicos; el turismo sin control; la implementación de megaproyectos (hidroeléctricas, represas, líneas de alta tensión, vías).
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Los cuatro conflictos en los páramos cundiboyacenses
Los páramos son espacios estratégicos, no solo para sus pobladores, sino para las ciudades. Sin embargo, son escenario de serios conflictos. El informe presenta las cuatro razones que han motivado las principales disputas.
La delimitación de las áreas de páramo
A pesar de que el Gobierno ha expedido diferentes leyes que apuntan a la protección de las riquezas naturales y culturales de los páramos; que ha prohibido las actividades agropecuarias, y la explotación minera, la falta de una delimitación precisa ha generado que a la fecha no exista un consenso entre los intereses sociales, económicos y políticos.
El informe explica que estas medidas, a pesar de que buscan la conservación del hábitat, no hay una adecuada participación de la sociedad en el proceso de delimitación, debido a que el Gobierno “metió en el mismo saco a todos los actores y sus actividades a la hora de definir las acciones permitidas en estas zonas”.
A esto se suma la controversia que existe alrededor de los 473 títulos mineros que otorgó el Gobierno pues, a pesar de que está vigente la Ley 1450 de 2011, que reconoce los derechos adquiridos de quienes obtuvieron permiso de explotación y licencia ambiental antes de la declaratoria de zona protegida, una reciente decisión de la Corte Constitucional (C-035 de 2016) reitera que esta actividad no puede continuar. Esta situación, indiscutiblemente, terminará en demandas contra el Estado.
Los acueductos comunitarios
La consolidación de acueductos es otro de los problemas en los páramos. En este tema las comunidades buscan construir su propia red de abastecimiento de agua, proceso en el cual a veces se ven enfrentados temas de extracción minera, contaminación, la posesión de predios e intervención por parte de privados. A esto se le suma el decreto 0953 de 2013, que como se explica en la investigación, fue implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y busca proteger las fuentes hídricas partir de incentivos económicos.
Entre las preguntas que se hace la investigadora Prieto, frente al tema, están: “¿Quién recibe los incentivos, si –según la norma- deben ser dueños de los predios y muchos campesinos no pueden acreditar la propiedad?; ¿cómo afectaría las economías locales y a los acueductos veredales, el imponer formas que no se articulan con las dinámicas de los territorios?”. Según ella, si estas ‘minucias’ no son miradas de cerca, “podrían terminar en agudizar los problemas territoriales existentes”.
El Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca.
Se trata de un proyecto de infraestructura vial, que busca conectar el centro-oriente del país, así como mejorar la movilidad de los municipios del oriente de Cundinamarca. La investigadora advierte que, a pesar de lo benéfico que puede ser para la movilidad, el proyecto ha generado un conflicto ambiental y comunitario en los sectores que serán intervenidos.
“El proyecto ha tenido diferentes inconvenientes con las comunidades locales por la falta de concertación de su trazado, que podría afectar zonas de importancia ambiental y social cómo páramos, nacimientos de aguas termales y espacios de agricultura de subsistencia”, indicó Prieto.
Advierte que en este proyecto en particular se ve la lucha de diferentes intereses: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que contrata la obra; el Consorcio Perimetral de Oriente de Bogotá S.A.S., que ejecuta el proyecto, y las comunidades locales, que sufrirán los impactos. “Falta de claridad en la socialización del proyecto y la adquisición de los predios para los trabajos”.
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Recomendaciones
El estudio incluye unas recomendaciones para disminuir los conflictos en inmediaciones de los páramos. Entre ellas, el diálogo con las comunidades, permitiendo su participación en las decisiones alrededor de los proyectos que se pretenden desarrollar en sus territorios.
“Se debe dejar de imponer ‘desde arriba’ lo que se debe hacer en los territorios. Sería mejor generar procesos donde se escuchen todas las voces y se respeten los derechos que tienen todos actores sobre los territorios (…) Existen alternativas de manejo pensadas y defendidas desde las mismas comunidades, las cuales deberían ser más visibles y replicadas, para demostrar su efectividad”, concluye Prieto.
