Por: Natalia Gomez Peña

Investigadora Área de Ciudadanía, Acceso a la Información y Participación Ambiental

Asociación Ambiente y Sociedad (AAS)

El Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto para Colombia[1] que fue publicado por estos días incluye 19 compromisos sobre  Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de cuentas, tres de los cuales están específicamente relacionados con el sector medioambiental.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP[2] por sus siglas en ingles) es una iniciativa multilateral de carácter voluntario que busca mejorar el desempeño de los Gobiernos mediante el fomento de la participación ciudadana y la mejora de la capacidad de respuesta del Estado. Esta iniciativa fue lanzada en el 2011, a través de la Declaración sobre Gobierno Abierto suscrita inicialmente por 8 países, en la que se  asumían diversos compromisos en materia de acceso a la  información pública, participación ciudadana, transparencia, apertura y rendición de cuentas. Actualmente la Alianza para el Gobierno Abierto agrupa a 64 países, entre los cuales se encuentra Colombia.

El primer Plan de Acción elaborado en el año 2012 incluía varios compromisos de manera muy general, sin indicadores ni entidades responsables completamente individualizadas lo que hace difícil el seguimiento a su nivel de cumplimiento. Sin embargo, se destaca de ese primer plan la Creación del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sancionada como la ley 1712 de 2014.

El segundo Plan de Acción  que cubre el período 2015-2017,  incluyó tres compromisos específicos en materia medio ambiental. El primero de ellos es el compromiso  7 que habla de Mejorar el Sistema de Información Ambiental. En este compromiso se plantea facilitar el acceso a la Información Ambiental para el público y mejorar la operatividad de los subsistemas nombrando al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como entidad responsable de su ejecución. A pesar de que se plantea de forma general y no hay mucha claridad con respecto a los medios que se utilizaran para el logro de este compromiso, de cumplirse sería un progreso para la política ambiental del país.

El acceso a la información es uno de las más grandes dificultades en materia ambiental en nuestro país, y de la cual surgen otras problemáticas como la falta de participación. A pesar de que Colombia cuenta desde 1993 con un Sistema de información Ambiental (SIAC), este no es efectivo y no permite que los ciudadanos, especialmente aquellos que habitan en comunidades rurales y en las regiones más apartadas del país, puedan tener acceso a la información ambiental. Con la expedición de la ley 1712 se puntualizaron las obligaciones de las entidades estatales para la publicación proactiva de la información, lo que se ha visto reflejado en algunas entidades del sector ambiental que vienen mejorando sus portales y actualizando la información publicada, sin embargo falta mucho trabajo para hacer del SIAC un sistema práctico y efectivo.

El segundo compromiso asumido por el país en materia ambiental es el número  8 en el que se propone Mejorar la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en el Sector Extractivo. Para esto se toma como marco el estándar EITI[3], mediante la implementación de estrategias que permitan la construcción de  capacidades de la administración y los ciudadanos frente a este estándar, y además promoviendo los mecanismos de rendición de cuentas pública en torno a las industrias extractivas.

Este segundo compromiso toca uno de los temas más delicados que tiene Colombia y que es un constante generador de conflictos ambientales. Aunque es un inicio que se reconozca por parte del Gobierno que es este es un tema que necesita mejorar, si no se corrigen otros aspectos fundamentales como garantizar el derecho de las comunidades a la participación en la toma de decisiones sobre su territorio y de las entidades territoriales a  la autonomía administrativa, las industrias extractivas seguirán representando la mayor causa de conflictos socio ambientales en el país.

El último compromiso que se incluyó se denominó Buenas Prácticas en el manejo del Gasto Público Ambiental, con el que se busca mayor transparencia en los procesos de rendición de cuentas y distribución de recursos  del gasto público de inversión a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible. Este punto plantea un compromiso importante pues por muchos años estas corporaciones han sido vistas como fortines políticos  con poca transparencia sobre su presupuesto y muchas acusaciones de corrupción. Al ser las entidades base del sistema Ambiental de Colombia es muy trascendental que haya trasparencia y se mejore la rendición de cuentas de su gestión.

Además de estos compromisos específicos paras el sector ambiental, el Nuevo Plan de Acción incluyó compromisos transversales como aumentar el Acceso y la Calidad de la información pública (Compromiso 1) que responde a la implementación de la ley 1712 de 2014, Más transparencia en la contratación pública (Compromiso 2), Fortalecer la Participación Ciudadana (Compromiso 10), y Transparencia y participación Ciudadana en las Regalías (Compromiso 11), los cuales tendrían impacto en el sector ambiental.

Ahora que el Plan de Acción ha sido lanzado oficialmente es muy importante que como ciudadanos hagamos un seguimiento cuidadoso que permita evaluar el desempeño del Gobierno y determinar el nivel de cumplimiento de dichos compromisos. Desde la Sociedad civil este trabajo lo vienen liderando Transparencia por Colombia junto con otras organizaciones[4], con la Conformación de un Comité de Seguimiento AGA Colombia, haciendo un llamado para que más ciudadanos y entidades se sumen al proceso.

[1] El II Plan de Acción de Gobierno Abierto para Colombia puede ser consultado en: http://agacolombia.org/page/segundo-plan

[2]Más información en:  http://www.opengovpartnership.org/es

[3] Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas por sus siglas en ingles. El Estándar EITI busca “proveer información exacta, oportuna, contextualizada y socialmente útil para fortalecer la transparencia en la cadena de valor del sector extractivo en beneficio del desarrollo sostenible local y nacional”. http://www.mesatransparenciaextractivas.org/EITI

[4] Lideran el Comité de Seguimiento AGA Colombia por parte de la Sociedad civil: Asociación de Fundaciones Empresariales-AFE, Corporación Excelencia por la Justicia, Corporación Somos Más, Corporación Transparencia por Colombia.