Un balance desalentador deja la 7ª ronda de negociaciones sobre democracia ambiental en América Latina y el Caribe

1048

Asociación Ambiente y Sociedad

Natalia Gómez Peña

 

Con una sensación de frustración y decepción por parte de la sociedad civil terminó en Buenos Aires la ronda de negociación sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. En la reunión los Estados llegaron a cuerdos finales sobre acceso a la información y participación pública que socavan el objetivo de lograr estándares regionales fuertes.

La actuación de la mayoría de los países ha estado marcada por el poco compromiso en avanzar en estándares fuertes. Países como Colombia y México, quienes durante el proceso siempre han sido los menos progresistas, en esta reunión mostraron su reticencia a adoptar un tratado internacional. Además, países que en un principio habían sido destacados líderes ahora parece que temen las implicaciones del acuerdo, como es el caso de Chile quien se opuso a la adopción de un régimen de excepciones al acceso a la información en el acuerdo. Y muchos otros países, como las delegaciones del caribe, mantuvieron una actitud pasiva y con mínimas intervenciones en las discusiones.

El texto adoptado en el artículo 6 sobre acceso a la información, aunque consagra el principio de máxima divulgación en el numeral 1, coarta su aplicación al no consagrar un régimen de excepciones estandarizado para toda la región, y permitir que cada país aplique su propia legislación al momento de negar el acceso a la información. Además, el texto no fija ninguna categoría de información ambiental cuyo acceso nunca pueda ser denegado por los estados.

El balance en el artículo 8 es un poco menos negativo pues se estableció la garantía del derecho a la participación a la par de la obligación que tienen los estados de promover los mecanismos de participación ciudadana ambiental. Sin embargo, los países disputaron mucho el que la participación sea en etapas tempranas cuando aún todas las opciones están abiertas y la opinión del público puede incidir en la decisión, y finalmente este mensaje quedo consignado de una manera débil en el texto.

El articulo 9 sobre acceso a la justicia no se pudo discutir y quedo pendiente para la siguiente reunión. Sin embargo, Costa Rica presentó un texto nuevo para el articulo 9bis sobre defensores ambientales que recoge las propuestas de la sociedad civil. En dicha propuesta de texto se establece una definición sobre defensores ambientales, la obligación de los estados de garantizar un entorno propicio para su trabajo y de tomar medidas efectivas para su protección.

El balance desalentador de la negociación plantea grandes dilemas sobre lo que pueda lograr el proceso. La negociación está perdiendo la visión que inspiró la Declaración del P10 en el 2012, que era asegurar la implementación efectiva de los derechos de acceso en la región. Es necesario que los países reevalúen su rol en el proceso y se esfuercen por lograr un instrumento con contenido que en verdad plantee un cambio en la vida de las personas de la región de lo contrario será un gran fracaso para todos.

 

Compartir