Bogotá D.C, 11 de octubre de 2018

Tres organizaciones se aliaron alrededor de la Coalición para la promoción de los derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la protección del medio ambiente. Su primera acción es una serie de análisis y propuestas para replantear el papel del Estado y los actores privados en esta región del país.

¿Qué significa proteger a la Amazonía colombiana? Los titulares que alertan sobre la deforestación, el crecimiento de los cultivos ilícitos en el Amazonas, la minería legal o ilegal, la contaminación del agua o el auge del turismo, entre otras alertas, no alcanzan a describir la complejidad de este territorio. Hogar de 62 pueblos indígenas, donde se hablan 26 lenguas autóctonas y por cuyos ríos fluye alrededor del 15% del agua dulce del planeta, los 48 millones de hectáreas de Amazonía colombiana son apenas una ficha en el magno rompecabezas del que hacen parte otros 7 países que se suman a las 839 millones de hectáreas de vida en todas sus dimensiones.

La Amazonía no es un monstruo, como muchos tienden a nombrar a aquello que se les hace inconmensurable, es una diosa, y no la estamos respetando.

La nueva Coalición para la promoción de los derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la protección del medio ambiente conformada por La Asociación Ambiente y Sociedad, La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana-Opiac y el Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, quisieron aproximarse a este espacio a partir de los seres que lo habitan, de sus problemáticas y de su forma de comprensión.

La defensa de los derechos de estas comunidades en la Amazonía fue el impulso para consolidar la primera etapa de esta alianza que se expresa en tres investigaciones:

  1. En la Amazonía colombiana. Los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, al consentimiento libre, previo e informado. Desafíos de su ejercicio y exigibilidad.
  2. Entre la autonomía y el derecho a una visión propia del desarrollo. Los riesgos del extractivismo y el desarrollo sostenible para la protección de la Amazonía colombiana y de sus pueblos indígenas.
  3. Ordenamiento territorial y ambiental de la Amazonía colombiana en el postconflicto.

La Coalición surgió como una estrategia para consolidar la experiencia política y jurídica a partir de distintas líneas de trabajo. La Opiac interviene desde su trabajo de participación ciudadana y consulta previa. El grupo de Tierra Digna ha investigado y denunciado los abusos de la política extractivista colombiana. Y el equipo de Ambiente y Sociedad, además de los componentes ambientales, conoce de cerca el papel del ordenamiento territorial en la intervención de los territorios

Los tres equipos que conforman la Coalición empezaron a investigar y actuar de forma conjunta desde julio del 2017. El camino que se empezó a construir desde entonces tenía en el horizonte objetivos complementarios. En primer lugar era necesario conocer los retos y las amenazas de la Amazonía desde una mirada indígena. Simultáneamente, había que fortalecer los procesos etnoeducativos y de comunicación propia alrededor de estos retos y amenazas. Y finalmente, fue pertinente construir una ruta jurídico-política para la defensa de los derechos de autonomía de los pueblos y la promoción de una visión sobre el desarrollo propio.

Los documentos que se presentan este jueves 11 de octubre son el primer paso de una serie de acciones que planea esta Coalición para reivindicar derechos, defender el territorio y generar aprendizaje alrededor de estas comunidades y regiones.

Estas tres investigaciones constituyen, en su conjunto, un testimonio de muchos pueblos que exigen reconocimiento y reivindicación. La Constitución de 1991 no solo reconoce el pluralismo que habita el territorio colombiano, también se compromete a proteger esta diversidad con sus lenguas y saberes, así como a respetar a las jurisdicciones indígenas y sus autoridades. Estos documentos son una muestra detallada de que esas promesas están rotas.

Entre la autonomía y el derecho a una visión propia del desarrollo

Este trabajo describe cómo el extractivismo se está implantando en la Amazonia colombiana de forma cada vez más agresiva. Aquí se analiza cómo esta intervención contradice las políticas de conservación ambiental y pone a los pueblos indígenas en riesgo de una extinción cultural bajo el discurso del desarrollo sostenible. Aquí se demuestra que en Colombia no se reconoce su derecho a elegir un modelo económico propio acorde con su forma de vivir y ser como cultura ancestral. Y Finalmente, este análisis propone construir una categoría legal que otorgue el derecho a elegir una visión propia del desarrollo de la mano de la autonomía, de manera que sea posible superar el antropocentrismo y lograr que se respete la cosmovisión milenaria de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Paz y extractivismo: una mirada desde la planeación territorial

Luego de la firma del Acuerdo de Paz se esperaba que surgieran nuevos instrumentos para ampliar la participación, pero al tiempo se está produciendo un proceso de centralización de las funciones de planeación como mecanismo para imponer el modelo extractivo, lo cual viola el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y los entes territoriales. Aquí se expone por qué los pagos por servicios ambientales, que se usan como medida para aumentar la conservación y recuperar los ecosistemas, deben promover y garantizar la gobernanza indígena en sus territorios. Adicionalmente, este trabajo expone cómo el enfoque de desarrollo de la Amazonía debería orientarse a una protección integral del territorio desde una perspectiva biocultural.

La consulta previa, un derecho ausente para los pueblos de la Amazónía

La participación de los pueblos indígenas amazónicos en el marco de las decisiones que se prevea puedan afectarlos exige reconocer, garantizar y proteger plenamente, y de manera integral e interdependiente, su diversidad biocultural, territorialidad y autonomía. Estas acciones deberían emprenderse a través de su derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. No obstante, la experiencia de las comunidades en esta región ha mostrado que el Estado y otros actores privados han llegado a los territorios sin conocer los intereses de las comunidades y sin el ánimo de entender sus prioridades o necesidades. Este documento explora las consecuencias de esta tendencia y las alternativas para transformarla.

Más información: Alicia Gómez- 3204821467 aliciagomez@ambienteysociedad.org.co