El caso de la ampliación del aeropuerto de El Dorado en Bogotá, Colombia, muestra cómo el Banco Interamericano de Desarrollo amordaza a su propia oficina de rendición de cuentas. English
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que trabaja con sus países miembros de América Latina y el Caribe para fortalecer la gobernabilidad y el estado de derecho a nivel local y nacional, se describe a sí mismo como defensor de la integridad y la transparencia. Como institución pública comprometida con el desarrollo sostenible, ha apoyado el principio de que “las cuestiones ambientales se manejan mejor con la participación de todos los ciudadanos interesados.” Sin embargo, como han constatado recientemente los habitantes de Fontibón, un barrio de Bogotá, el banco no siempre aplica estas normas a sus propias actividades. Los habitantes de Fontibón están sufriendo un grave perjuicio a partir de un proyecto de ampliación del aeropuerto cercano, financiado por el banco. Y el banco insiste en mantener a las familias afectadas completamente desinformadas acerca de dicho perjuicio.
El aeropuerto internacional El Dorado está sometiendo a una extrema contaminación acústica a unos barrios densamente poblados en los alrededores del aeropuerto, incluyendo el barrio de Fontibón. Los impactos en esas comunidades son profundos. Los estudios han encontrado que al menos un tercio de los residentes de Fontibón sufren insomnio crónico, y que los informes de daños a la audición son más abundantes en las áreas con mayor exposición al ruido. Los niños son particularmente vulnerables, según estudios realizado en Bogotá (y a nivel internacional ) que demuestran una relación entre la exposición a largo plazo al ruido de los aviones y retrasos en el desarrollo. Cuando el banco financió la ampliación de este aeropuerto, falló estrepitosamente al no tomar medidas apropiadas para proteger a estos residentes. La ampliación contribuyó a aumentar dramáticamente el número de aviones que utilizan el aeropuerto, sin haberse asegurado de que se instalasen sistemas de mitigación de ruido eficaces y modernos.
La comunidad de Fontibón presentó una queja formal a la oficina de rendición de cuentas del banco, conocida como el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). El MICI realizó una investigación y redactó un informe que refleja una larga lista de fracasos del banco a la hora de reconocer el costo humano del proyecto de ampliación del aeropuerto, en clara violación de sus propias normas de protección ambiental y social. Sin embargo, en una medida que socavó gravemente esta función central de rendición de cuentas, el banco insistió en evitar que detalles críticos de esa investigación apareciesen publicados.
El MICI está sujeto a las reglas de acceso a la información del banco. Y debido a una enorme laguna en esas reglas, el banco fue capaz de insistir en que párrafos enteros del análisis del MICI – más del 20 por ciento del informe – fueran simplemente silenciados. El BID financió a una empresa privada en la construcción del aeropuerto, pero su política de acceso a la información exime de divulgación a casi toda la información acerca de este tipo de inversiones del sector privado.
Esta excepción se extiende mucho más allá del tipo de información que típicamente atrae demandas de sensibilidad comercial. El MICI estaba investigando y presentando informes sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto. Yo tuve acceso a documentos muy relevantes sobre la evaluación y monitoreo de los impactos, unos documentos que no se les permitió ver a las comunidades afectadas –que son las que viven diariamente bajo una contaminación acústica extrema que afecta a su sueño, a su concentración y a la capacidad de aprender de sus hijos.
Como abogados de las comunidades afectadas por proyectos financiados internacionalmente, hemos constatado de primera mano lo difícil que es para las comunidades asegurar una voz paritaria en la mesa de negociación con los bancos multilaterales de desarrollo y con las empresas que éstos financian. Estas partes nunca estarán en igualdad de condiciones mientras una de ellas tenga todas las cartas de la baraja y las reparta.
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Los habitantes de Fontibón esperan que su caso resulte ser un catalizador para unos cambios que son muy necesarios en el banco. Afortunadamente, la división del sector privado, consolidada recientemente en el BID- la Corporación Interamericana de Inversión – se ha puesto a revisar su propia política de divulgación de información. Junto a otras entidades en este mismo campo, animamos a:
• Establecer una presunción de divulgación de la información de los proyectos que de verdad funcione. Cualquier excepción debe ser limitada, legítima , y no debe impedir la divulgación de información sobre los riesgos ambientales y sociales del proyecto.
• Facilitar que la consulta y la participación de la comunidad en la gestión del riesgo del proyecto sea significativa, divulgando de manera proactiva todas las evaluaciones de impacto ambiental y social, los planes de gestión y los informes de monitoreo, tan pronto como estén disponibles y con tiempo suficiente para que sea posible la consulta antes de tomar las decisiones pertinentes.
• Requerir que la información de riesgo ambiental y social se dé a conocer en el idioma principal de las comunidades afectadas.
Las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afectan a sus vidas, y a defenderse ante la injusticia. Y tienen derecho a acceder a la información que necesitan para hacerlo. Como institución pública de desarrollo, el BID debe proporcionar esa información y estar a la altura de los estándares de integridad, transparencia y buen gobierno, de los que pretende ser el mayor defensor.
Lani Inverarity es asociada en el equipo del Programa de Comunidades Globales de Accountability Counsel, ayudando a las comunidades a preparar y presentar demandas a mecanismos de rendición de cuentas no judiciales pertenecientes a instituciones financieras internacionales.
