Revista Pulso Ambiental: inversiones en infraestructura

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Fuente: FARN

En los últimos años se está imponiendo un nuevo paradigma de inversiones en infraestructura, que involucra tanto a los fondos públicos como al sector privado. Así mismo, se privilegian proyectos de gran envergadura, con una estandarización de contratos y normas para minimizar los riesgos a este sector. Los modelos de asociación público-privada para la construcción de infraestructuras públicas no han estado exentos de miradas contrapuestas y debates desde diversos sectores.

EDITORIAL

La infraestructura se define desde los gobiernos y las entidades bancarias internacionales como un elemento clave para el fomento de la competitividad en América Latina. Los mismos establecen un vínculo entre el desarrollo de la infraestructura y conceptos como progreso y crecimiento, que a su vez se asocian a la integración regional, la mejora del sistema de transporte, la construcción de nuevas rutas de comercio y obras de energía.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que sería necesario invertir anualmente en torno al 5,2% del PBI regional para dar respuesta a las necesidades que surgirán entre los años 2006 y 2020 desde las empresas y los consumidores finales de la región. Teniendo en cuenta que la inversión en infraestructura observada en el último período conocido (2007-2008) ascendió al 2% del PBI, el esfuerzo requerido se torna significativo. Esta brecha debe entonces completarse de algún modo; pero dado que los presupuestos públicos no son suficientes, se busca atraer al sector privado al financiamiento de infraestructura, lo cual requiere convertirla en una nueva clase de activos. El resultado de esta coyuntura es una expansión y promoción de las Asociaciones Público Privadas (APP), contratos de mediano o largo plazo entre el Estado y una empresa privada, que implican que ésta última participa a través de distintos roles en la provisión de servicios públicos como escuelas, hospitales, carreteras, agua, energía eléctrica, etc.

Esta modalidad de contrato se ha promovido a nivel mundial como la solución para que los Estados puedan suplir necesidades de infraestructura y servicios públicos con la participación del sector privado. Basta analizar las agendas y las propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20 y el Banco Mundial, entre otros.

En el 2018 Argentina preside el G20, principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, que aborda los grandes desafíos económicos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan. Este grupo de naciones está promoviendo el desarrollo de infraestructura como una forma de generar crecimiento y empleo a nivel global y, a través de bancos nacionales y multilaterales, se está proponiendo un nuevo paradigma de pasar de billones a trillones de dólares en materia de inversiones. Involucra, además, la necesidad de que existan fondos públicos para atraer inversiones del sector privado a las obras de infraestructura, privilegiando proyectos de gran envergadura, con una estandarización de contratos y normas para minimizar los riesgos a ese sector.

Es importante destacar que, históricamente, la implementación de este esquema en muchos casos tiene como consecuencia que las decisiones finales son determinadas por el mercado, y no por los propios Estados o la ciudadanía. En general, en las APP tampoco se tiene en cuenta información pública relevante para poder conocer más en detalle el tipo de obras y/o proyectos que buscan ejecutarse, ni cómo se pretende llegar al financiamiento necesario. Por otra parte, se desconocen los fundamentos y criterios que determinan la relevancia de cada una de las obras, o si las mismas resultan prioritarias de acuerdo a un marco más amplio de entendimiento, que integre la mirada de la propia ciudadanía respecto de las prioridades y necesidades vinculadas a infraestructura. De este modo, entre los principales aspectos críticos de las APP, se ha argumentado que resultan más riesgosos como modo de financiamiento, ya que involucran costos más elevados de construcción y transacción, y menor eficiencia para el financiamiento público. Además, se carece de claridad respecto a los beneficios concretos en términos de reducción de pobreza e información respecto a los impactos ambientales de proyectos operados con esta modalidad (Romero, 2015). Así también las APP se erigen sobre una visión de desarrollo vinculado a la modernización tecnológica y científica, proponiendo intervención en territorios y comunidades, y generando conflictos socioambientales (Cruz, 2016).

A pesar de los riesgos y las problemáticas explicadas anteriormente, Argentina refuerza la promoción de las APP, otorgándoles un rol prioritario no solo en el G20, sino también en su agenda doméstica, fijando como una de las prioridades la financiación de las obras de infraestructura. Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda, declaró durante la conferencia de prensa realizada en noviembre del 2017 que buscarán construir una nueva clase de activos que financie infraestructura, canalizando parte de esos fondos con proyectos de Participación Público Privada (PPP). Para ello, se reglamentó en febrero de 2017 la ley 27.328 de contratos de Participación Público-Privada (PPP), medida que permite la importación temporaria de equipamiento, exime de impuestos a esas operaciones y aprueba el uso de los contratos como garantías para la solicitud de préstamos. Así se facilitó el ingreso de este tipo de inversiones en el Presupuesto Nacional  2018, en el cual se observa una proliferación de los proyectos vinculados a las APP en las obras de infraestructura de gran envergadura, las cuales en general son las que implican proyectos de mayor impacto social y ambiental.

Dado lo explicado anteriormente, es imprescindible ampliar el debate respecto al tipo de infraestructura que se elige y a través de qué procesos, cuáles son los modos de financiación implicados y, sobre todo, si a partir de la misma realmente se resuelven las necesidades de las comunidades. Respecto a esto último también es importante analizar si las decisiones centrales se toman a espaldas de la ciudadanía o incluyéndola.

“Las APP se erigen sobre una visión de desarrollo vinculado a la modernización tecnológica y científica, proponiendo intervención en territorios y comunidades, y generando conflictos socioambientales.”

La presente edición de la Revista Pulso Ambiental propone abordar la infraestructura desde una perspectiva integral, que contempla miradas críticas y constructivas respecto al modo de gestionarla y concebirla, como parte imprescindible para lograr el desarrollo de cada país y región. A través de los artículos escritos por destacados referentes se busca realizar un aporte relevante al debate y el intercambio de experiencias en el análisis del desarrollo de las infraestructuras y las Asociaciones Público Privadas como herramienta para la ejecución y gestión de las mismas.

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