Organizaciones públicas, representantes de la academia y la sociedad civil, se reunieron para hablar sobre los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. El resultado: una Mesa Intersectorial de Democracia Ambiental (MIDA) para que el Principio 10 sea una garantía en Colombia.

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La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se firmó en 1992 tenía 27 principios para proteger el sistema ambiental y el desarrollo mundial. Entre todos, el Principio 10 es uno de los que más requiere trabajo y coordinación entre el sector público, privado y la sociedad civil. Este principio tiene como principal objetivo, que las decisiones en materia ambiental sean el resultado de un diálogo coordinado entre todos los actores involucrados a partir de herramientas claras.

20 años después, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, aún se sigue trabajando en la implementación de este principio. Es esta la razón por la que la comunidad internacional, desde el año 2012 a 2016, ha aunado esfuerzos por concertar mecanismos y estrategias que hagan del Principio 10 una realidad para lograr un desarrollo sostenible. Actualmente, es una prioridad avanzar hacia la consecución de un acuerdo regional que facilite la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, para ello se han realizado cuatro reuniones entre los representantes de los 22 países signatarios de América Latina y el Caribe con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Pero, ¿de qué es el Principio 10? Este principio está conformado por tres grandes derechos. Busca establecer garantías para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública sobre temas ambientales, exige que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones sobre proyectos o intervenciones que afecten su territorio e incita a que los ciudadanos puedan acceder a la justicia ambiental cuando se afecten sus ecosistemas y  en consecuencia su estilo de vida.

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Sin embargo, cumplir con estos derechos no ha sido fácil, precisamente porque la concertación de tantos actores requiere de voluntad política, compromiso institucional y sacrificio económico. De ahí la necesidad de avanzar hacia compromisos y estrategias conjuntas. En la mañana del jueves 3 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad del Rosario, representantes de la MIDA, entre los cuales estaban la Asociación Ambiente y Sociedad, el Ministerio de Ambiente, la Cancillería, la Universidad del Rosario, la Universidad Manuela Beltrán, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, e invitados como el Ministerio de Justicia y Transparencia por Colombia, presentaron una MIDA como una oportunidad para avanzar hacia la garantía de los derechos de acceso consagrados en el Principio 10 en Colombia.

El Foro de Democracia Ambiental fue el marco oportuno para presentar esta iniciativa, en la que las organizaciones y entidades mencionadas vienen trabajando, en este se habló sobre la importancia del Principio 10, la necesidad de implementar estas garantías en Colombia, la relevancia de avanzar hacia la consolidación del instrumento regional y las oportunidades y retos que Colombia enfrenta y es que todavía se está en deuda con los ciudadanos y el sistema internacional para que el Principio 10 se cumpla.

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A nivel regional, se han tomado como referentes documentos como la “Visión de Lima” y los “Contenidos de San José” para la creación de un instrumento para América Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso en materia ambiental. Estos estándares están alineados con la meta de consolidación del Principio 10 y en este sentido la MIDA es una oportunidad para conseguirlo y es que las instituciones y la sociedad civil pueden reunir esfuerzos para avanzar. Entre los objetivos de la mesa, se ha propuesto “promover la articulación y sinergia de los diferentes sectores de la sociedad (público, privado, academia y organizaciones de la sociedad civil) alrededor de un objetivo común que permita que Colombia avance en la garantía del Principio 10”.

La MIDA tiene una meta que gira alrededor de factores como la gobernanza; la colaboración entre la sociedad civil y los sectores público y privado; así como la transparencia o el principio de corresponsabilidad entre las partes involucradas en la toma de decisiones. En esta estrategia de participación, además, se busca generar lazos de confianza con la sociedad civil, la academia y las organizaciones sociales, para buscar puntos de acuerdo.

Por último, en Colombia se ha avanzado en la aplicación del principio 10 mediante la adopción de normas en temas como la consulta previa, el acceso a la información pública y la protección del derecho a la participación. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha tomado decisiones que han resaltado la importancia de la participación  de las comunidades en la toma de decisiones ambientales como han sido los casos de las sentencias C-123 de 2014, T-348 de 2012, C-782 de 2010 y 445 de 2016 por mencionar algunas. Sin embargo, en Colombia todavía se está en deuda con los ciudadanos y el sistema internacional para que la implementación efectiva del Principio 10 sea una realidad.

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