¿PDET sin suelo? preocupaciones desde los pueblos indígenas y campesinos del Caquetá

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Por: Karla Díaz Parra, Politóloga e investigadora en la Asociación Ambiente y Sociedad

Columna publicada originalmente en La Silla Vacia

A menos de 3 meses del plazo para tener formulados los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que busca la transformación del campo por medio de la participación popular, el gobierno nacional da unas cifras preocupantes: 26 pactos comunitarios aprobados, esto significa, 26 asociaciones de veredas de entre 170 municipios y 16 regiones llevados a cabo, es decir: un avance inferior al 5% como balance del 2017.  La situación era previsible, pues ya se veía venir un estancamiento de la implementación de los Acuerdos en su tema más álgido: la Reforma Rural Integral (RRI).

Uno de los factores que más preocupa es el desconocimiento sobre la metodología a implementar en campo, pues, aunque la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en su diseño metodológico ha dispuesto equipos en terreno para diseñar lineamiento que responda a las características socio-territoriales de cada región PDET, en la Amazonía ya se levantan voces de las comunidades indígenas que señalan el diseño de rutas de participación que no tienen en cuenta las dinámicas étnicas de la región, particularmente “en las regiones en donde no se conoce el decreto, la ART ha venido avanzando con su modelo sin consultar”, dice Luz Mery Panche, líder indígena Nasa.

La falta de claridad y transparencia con respecto a la ruta de participación no permite tener realmente conocimiento sobre lo que está pasando con los PDET en las zonas priorizadas, particularmente con las comunidades indígenas y la consulta previa. Aquí se pretende hacer visible la ruta metodológica de participación y algunas preocupaciones relacionadas con la ausencia de leyes que hagan viable el cumplimiento de los acuerdos a los que se lleguen con las comunidades rurales.

Ruta de participación

Un PDET tiene que atravesar por tres espacios o eslabones de participación antes de ser aprobado. En primer lugar, pasa por las Asambleas Comunitarias que se crean a partir de una agrupación en veredas, luego de un diagnóstico territorial de la zona realizado por funcionarios de la ART y sus aliados en territorio (Coordinadores regionales y municipales, asesores y enlaces en territorio). De las Asambleas Comunitarias resulta un documento llamado Pacto Comunitarios para la Transformación Regional (PCTR), en el cual se define una visión a 10 años del territorio y algunos proyectos prioritarios.

Luego de las Asambleas, se crea la Comisión Municipal de Planeación en los 170 municipios priorizados. A este espacio son invitados cinco representantes de las Asambleas Comunitarias – Equipo de Delegados Territoriales Comunitarios (EDTC)- el Alcalde y su equipo de gobierno, el equipo de la ART, miembros del Consejo Municipal, organizaciones sociales y productivas, y el sector privado con el objetivo de definir una visión territorial a 10 años, crear sinergias entre los pactos de los núcleos veredales y priorizar proyectos. Todo esto se agrupa en un documento llamado Pacto Municipal de Transformación Regional (PMTR)

En el tercer eslabón, llamado Comisión Subregional de Planeación, participan los delegados de la comunidad por cada municipio priorizado, los delegados de organizaciones sociales regionales, el sector privado de la región, gobernación, alcaldes, asamblea(s) departamental(s), ministerio público y delegados del gobierno nacional.

De este espacio de participación resulta el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), el cual debe contener un apartado contextual, una visión a 10 años del territorio, un diagnóstico del territorio con enfoque territorial, diferencial y reparador; así como lo acordado en términos de ordenamiento social de la propiedad, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, reactivación económica y paz. Cada uno de estos temas, y otros que se consideren importantes en el proceso, tendrán un objetivo y estrategia, acompañado de un plan general de inversiones y un plan indicativo de los recursos necesarios y las fuentes de financiación.

Ahora bien, ¿qué preocupa? Aunque el modelo de participación presentado tiene la virtud de reconocer las diferencias territoriales, la falta de transparencia con respecto a los avances y los lineamientos participativos en cada Región no permiten hacerle seguimiento a lo dispuesto por el grupo de “expertos” territoriales, especialmente en lo relacionado con las rutas diferenciales para pueblos indígenas, mujeres, negritudes y víctimas que deben construirse en territorio.

También es preocupante la premura por cumplir con la promesa de gobierno, pues el tiempo se agota y aún no hay ningún PDET. Esta dificultad se debe tanto a la lentitud del proceso, como a la desfasada expectativa del gobierno central de llevar a cabo un proceso de planeación participativa profundo sin comprender las dinámicas territoriales, la desconfianza en las instituciones, las limitaciones físicas de los territorios y el desconocimiento de los Acuerdos.

Otro factor es la proliferación de actores de participación en las instancias municipales y regionales, pues esto puede llegar a entorpecer el proceso y a convertirse en un filtro demasiado angosto para las propuestas de las Asambleas Comunitarias. Los PDET corren el riesgo de burocratizarse, en la medida en que su estructura da la última palabra a las mismas instancias de gobierno que hasta hoy definen y priorizan proyectos.

¿Los PDET sin suelo?

Lo más preocupante con respecto a los PDET es la inexistencia de leyes que los hagan viables en el territorio. Por ejemplo, en el caso de San Vicente del Caguán -en donde más del 70% del territorio se encuentra en la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la principal actividad es la ganadería- una de las demandas más recurrentes de la población es la sustracción de la Reserva y la titulación de predios.

Por vía administrativa y por parte de las organizaciones sociales del municipio ya se han presentado iniciativas para la titulación de los predios; sin embargo, con la legislación vigente, los habitantes de la zona rural ubicados en parte de la Reserva, especialmente la catalogada como de protección, no pueden adquirir derechos de propiedad, ser beneficiarios de construcción de infraestructura y servicios públicos, ni pedir préstamos para proyectos productivos o mejora de sus predios.

Para que sean titulados estos predios y se promuevan prácticas sostenibles en San Vicente del Caguán, reconociendo que la Reserva ya es habitada, es necesario que se haga una reforma al régimen de baldíos en zonas de reserva, además de realizar un catastro rural que permita reconocer a los campesinos habitantes en Reservas Naturales y Parques Nacionales Naturales. Estos dos imperativos hacen parte de los proyectos de Ley de Baldíos en Reserva y el Catastro Multipropósito que están estancados en el Congreso y que debe ahora aprobarse por vía ordinaria y no por Fast-track.

Por tanto, aunque las Asambleas Comunitarias de San Vicente del Caguán ahora prioricen la titulación de predios en zona de reserva, servicios públicos y proyectos productivos y esto sea acordado en el PATR, la formalización de la tierra está lejos, pues depende de la firma de proyectos de ley que ahora deberán hacer un tránsito mucho más largo por el Congreso.

La polarización en el Congreso, que quedó demostrada en la legislatura anterior, además de la amenaza de algunos candidatos a la presidencia de echar para atrás los Acuerdos, es sin duda una preocupación para el cumplimiento de los PDET, pues poner en vilo la RRI, es decir, no aprobar las leyes que la materializan como es: la Ley de Baldíos, Catastro Multipropósito y Adecuación de Tierras, no sólo implica un retroceso en términos de la distribución de la tierra y mejoras al campo, sino un vacío jurídico para los PDET en la medida en que no hay leyes que hagan efectivos los pactos comunitarios.

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