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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente apoyará a Colombia a superar el legado de degradación ambiental del conflicto interno especialmente en las zonas rurales remotas en desarrollo del posconflicto.

Por invitación del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un equipo multidisciplinario de expertos de ONU Medio Ambiente concluyó el viernes 17 marzo una visita de 12 días. La misión buscó identificar acciones prioritarias para mitigar los riesgos para la salud y el bienestar de las personas a causa de los daños ambientales en áreas clave para el desarrollo del posconflicto.

El equipo de ONU Medio Ambiente llevó a cabo sus visitas de campo a diferentes sitios en los departamentos del Chocó y Antioquia, con énfasis en la minería. Un vuelo en helicóptero sobre los ríos Atrato y Quito ofreció al equipo una amplia perspectiva de los desafíos ambientales que se enfrenta por las actividades ilegales mecanizadas a gran escala.

“El medio ambiente está en el corazón del desarrollo posconflicto en Colombia. El país tiene una oportunidad histórica única para promover medios de vida sostenibles y territorios resilientes en los que la naturaleza proporciona las bases para la paz y la prosperidad de larga duración. ONU Medio Ambiente apoyará firmemente a Colombia durante la fase posconflicto”, afirmó el Director Regional de ONU Medio Ambiente, Leo Heileman.

Por su parte, el ministro de ambiente, Luis Gilberto Murillo agradeció a ONU Medio Ambiente por su respaldo en la consolidación de estrategias en la construcción de paz a través de la participación activa de las comunidades y el uso sostenible de los recursos.

“No pueden caer las esperanzas, tenemos que darle a las comunidades la seguridad de que la paz vendrá por fin”, aseguró Murillo.

Por último, el apoyo inicial propuesto por ONU Medio Ambiente incluye recomendaciones técnicas y de capacitación para la aplicación efectiva de los proyectos de construcción de paz ambientales; evaluación ambiental estratégica de las intervenciones clave después de los conflictos; asesoramiento sobre medidas para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el sector extractivo y para remediar los daños causados por las operaciones ilegales; y fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas para la planificación territorial participativa y el monitoreo, incluyendo la mejora del acceso público a la información ambiental

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