El pasado 6 y 7 de octubre el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos – CIEDH reunió a líderes de comunidades en distintas regiones del país que han sido afectados por el avance de las multinacionales, así como a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos.

Además de compartir experiencias, en el encuentro se dictaron talleres sobre el marco jurídico de los proyectos de desarrollo en temas como minería, gas y petróleo; otras organizaciones hablaron sobre los litigios estratégicos entre comunidades y multinacionales; además se expuso el impacto de los megaproyectos en los territorios y el sector público. David Cruz, sociólogo e investigador de Ambiente y Sociedad, participó en el encuentro para hablar sobre las instituciones financieras internacionales, las políticas de salvaguardas y los mecanismos de queja de los que dispone la sociedad civil para exigir su cumplimiento.

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Cruz habló sobre las salvaguardas ambientales y sociales en entidades financieras multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Además, expuso sobre los problemas respecto a la aplicación de los estándares ambientales y sociales que exigen estos organismos. Partió de ejemplos como el del proyecto de explotación aurífera en Angostura, en el páramo de Santurbán, o la hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango.

Sobre el primero, cuenta Cruz que la CAO (Compliance Advisor Ombudsman, una oficina independiente del Banco Mundial a la cual se puede dirigir la sociedad civil para expresar su inconformidad por un proyecto apoyado por la entidad) emitió un informe de investigación en el que se evidenciaron los conflictos alrededor del proyecto en el páramo y sobre los problemas de la Corporación Financiera Internacional (IFC) en cuanto al cumplimiento de sus normas socioambientales.

El taller sirvió para orientar a los representantes de comunidades afectadas por la empresa Poligrow en Mapiripán, afectados por Pacific en Meta, así como Indígenas del Cauca y comunidades del Chocó, sobre los mecanismos de los que disponen para defender sus derechos. Sobre este punto es importante resaltar que estas entidades financieras multilaterales tienen mecanismos independientes de queja que procuran que estos organismos cumplan con sus políticas de salvaguarda y así procurar  la defensa de los Derechos Humanos y el medio ambiente.

Sin embargo, el Banco Mundial cambiará su políticas de salvaguarda a partir del próximo año y los analistas ya advierten que muchos de estos estándares serán cada vez más flexibles. De ahí la importancia de que las comunidades estén cada vez mejor preparadas para defender sus derechos.

Adicionalmente, en el encuentro los asistentes conocieron la plataforma del CIEDH, a través de la cual el organismo documenta casos de violaciones de Derechos Humanos por parte de las multinacionales, confronta estas denuncias con las partes involucradas y hace seguimiento a los casos.

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