Las quejas de las comunidades afrocolombianas al Oleoducto al Pacífico

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Dentro de los Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES) fijados por el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 se encuentra el Oleoducto al Pacífico (OAP), dos tuberías (una para petróleo y otra para diluyentes) que irán desde San Martín, Meta, hasta Buenaventura. 760 kilómetros de oleoducto que atravesarán los departamentos de Huila, Tolima y Valle del Cauca para desembocar en el Océano Pacífico, donde se estima que se verán afectadas al menos 5.000 familias de afrocolombianos.

El 29 y 30 de junio, un equipo de investigadores de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) se reunieron con cerca de 40 líderes de consejos comunitarios en Buenaventura para hablar sobre este proyecto.  El encuentro sirvió para discutir sobre la política energética colombiana, con énfasis en el sector petrolero, y evaluar las oportunidades de consulta, además de la posibilidad de realizar peticiones al Estado para compensar el impacto que una obra como la del oleoducto pueda generar en la región.

La empresa Oleoducto al Pacífico S.AS. está constituida mayoritariamente por capital extranjero (la canadiense Enbridge, Pacific Rubiales y Vitol), pero también tienen participación las firmas colombianas Cénit Transporte y Logística de Hidrocarburos, y Transportadora de Gas Internacionales, filiales de Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá, respectivamente. Se estima que el proyecto costará cerca de 5 mil millones de pesos.

Milena Bernal, investigadora de AAS, cuenta que en la reunión pudieron identificar algunas de las diferencias que tienen las comunidades tanto con la empresa Oleoducto al Pacífico como con el Gobierno colombiano. Entre otras, resalta que los consejos comunitarios no reconocen al Ministerio del Interior como órgano garante de las consultas previas porque, a la hora de definir el impacto indirecto del proyecto, dejaron por fuera a muchas comunidades. Además, según los asistentes al taller, la OAP no considera que sea importante el daño que la obra generará en actividades como la pesca o el turismo.

Bernal fue la encargada de explicar la ruta jurídica que por lo general sigue un proceso de licenciamiento ambiental y aclaró en qué etapa se encuentra el proyecto del oleoducto. La abogada afirma que en el taller los asistentes aprendieron sobre ciertos mecanismos judiciales que le exigen cumplimientos a la empresa y a las autoridades ambientales.

Además, la charla que dictó el biólogo Hernando Ovalle sirvió para que estos líderes de consejos comunitarios se acercaran al Diagnóstico Ambiental de Alternativas, sobre el cual la ANLA decide qué opción es más conveniente. Se trata de un estudio técnico que no entendían y que expone el impacto ambiental y los elementos prioritarios para pedir compensaciones.

La Asociación planea organizar otro taller en septiembre para definir cuáles son las rutas de negociación más adecuadas. Por ahora, el proyecto está en pausa, en parte por la caída de los precios del petróleo, pero además porque los consejos comunitarios están desarrollando, con apoyo de la ONU, un protocolo de preconsulta para negociar las compensaciones con la empresa.

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