La Amazonía en Traslape

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Publicado Originalmente en la Revista Semillas

Por María Alejandra Aguilar*

El Amazonas es uno de los ecosistemas más relevantes para el planeta, no sólo por su enorme tamaño al ser el bosque húmedo más extenso con un aproximado de 390.000 millones de árboles, sino también porque se posiciona como un hotspot de biodiversidad y alberga al menos el 10 % de las especies existentes. Este ecosistema es hábitat de un sinnúmero de especies y de asentamientos humanos, atraviesa a nueve países, entre estos Colombia.

En Colombia, el ecosistema amazónico ocupa el 42.3 % del territorio continental (SINCHI, 2018). En efecto los departamentos del Vaupés, Vichada, Guaviare, Guainía, Putumayo, Caquetá y Amazonas conforman la región de la Amazonía colombiana.

Por su excepcionalidad la Amazonía se comenzó a constituir como un territorio de protección especial desde 1975 cuando se declaró la primera área protegida en esta zona, el Parque Nacional Natural Amacayacu. Las áreas protegidas se incorporaron como las herramientas preferentes para la conservación de la biodiversidad, su función principal limitar las intervenciones que pongan en peligro el ecosistema, lo que implicó restricciones
a la posesión y usos del suelo. Las figuras de protección se replicaron a lo ancho del territorio nacional, actualmente existen 59 Áreas Protegidas y cuatro más en proceso de declaratoria.

No obstante, los ecosistemas estratégicos declarados como áreas protegidas no son  prístinos e inhabitados, según cifras del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), de las 59 áreas protegidas existentes, 26 de estas cuentan con la presencia de  comunidades étnicas y 9 con resguardos indígenas constituidos. La región Amazónica
ha sido por siglos un foco de asentamientos ancestrales de pueblos indígenas, y en los siglos XIX y XX por colonos movidos por la bonanza cauchera y mineral que abrieron paso a pequeñas urbanizaciones y municipios.

Las áreas protegidas en esta región alcanzan una superficie de 94.704 kilómetros cuadrados para un total de 19.6 % del territorio nacional; en cuanto a territorios indígenas, se calcula que el 53.4 % se encuentran en esta zona y muchos de sus territorios están en traslape (RAISG, 2014). Esta cifra ejemplifica el panorama suramericano de territorios indígenas en traslape con áreas protegidas, dónde el 27 % de las áreas protegidas nacionales cuentan con algún tipo de yuxtaposición con territorios étnicos (IUCN 2010).

El traslape puede resultar beneficioso para los pueblos tradicionales siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de los derechos étnicos, en tanto que “las áreas protegidas formalmente establecidas pueden proporcionar un medio para reconocer y garantizar los esfuerzos de muchas comunidades de pueblos indígenas y de otros pueblos tradicionales que, a través de su cultura, han protegido durante largo tiempo dichas áreas” (TNC, 2008), al igual que contribuyen al cierre de la frontera agrícola, la limitación a las actividades extractivas y la alienación de los pueblos indígenas que evitan ser contactados.

Así, en el panorama nacional, Colombia incluye un régimen de excepción especial a las áreas protegidas, el Decreto 622 de 1977 y la Ley 21 de 1991 dan cabida al traslape de áreas protegidas con territorios de pueblos indígenas y comunidades afro y palenqueras. Esto quiere decir que la declaratoria de áreas protegidas es compatible con la presencia de pueblos étnicos, y en el mismo sentido con la declaratoria de resguardos indígenas y tierras colectivas ancestrales.

En respuesta a esta realidad, el Gobierno colombiano ha venido desarrollado diferentes mecanismos para el manejo de las áreas protegidas en traslape para armonizar las competencias de distintos sistemas jurídicos, por un lado, los tradicionales o propios pertenecientes a las comunidades indígenas, y por otro lado los del orden nacional como lo son las autoridades ambientales estatales.

Ante las condiciones especiales de las áreas protegidas en traslape, el Sistema Nacional de Parques Naturales creó en 2001 la “Política de Participación Social en la Conservación”, que tuvo el propósito principal de fortalecer el relacionamiento con los grupos étnicos. Allí las herramientas e instrumentos de manejo se presentan como medios que respondan a los intereses y necesidades definidos por las partes para el manejo del área en traslape, con la finalidad de coordinar los esfuerzos de manejo conjunto de los territorios traslapados y la gobernabilidad de los recursos naturales.

Esta política diseñó mecanismos de concertación para el ordenamiento territorial y la conservación de la biodiversidad y fortaleció la iniciativa “Parques con gente” que buscaba generar un mejor entendimiento entre la naturaleza y los asentamientos humanos al interior de áreas protegidas. La forma de materializar dichos mecanismos de participación en relación con las áreas en traslape fue a través de la creación de los Planes de Manejo,
los Regímenes Especiales de Manejo (REM), los Acuerdos políticos y los Convenios interadministrativos, todos estos como instrumentos para el ejercicio de crear consensos sobre la compresión de dos visiones frente a la conservación, el manejo y la gestión del territorio entre la autoridad ambiental nacional y la autoridad étnicoterritorial.

En el territorio Amazónico se identifican once Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, todas en traslape. De estas once áreas protegidas únicamente dos cuentan con Regímenes Especiales de Manejo (REM), el Parque Nacional Natural Yagojé Apaporis y el Parque Nacional Natural Cahuinari.

Las herramientas de coordinación más comunes son los Acuerdos Políticos cuyos contenidos varían ampliamente, desde medidas para el uso de especies, bases de relacionamiento político entre autoridades territoriales, hasta la fijación de zonificación
de uso de suelo.

Los pocos Regímenes Especiales de Manejo (REM) constituidos dan cuenta de las problemáticas rea-les de coordinación de los territorios en traslape. En primer lugar, estas figuras de coordinación sólo pueden ser constituidas con resguardos existentes como persona jurídica, lo que deja en incertidumbre a los territorios indígenas no titulados; en segundo lugar, si bien los Acuerdos Políticos son una forma de coordinación no contienen la integralidad de temáticas que debe contener un Régimen Especial de Manejo, este último debe comprender los elementos de la cosmogonía indígena y los pilares que sostienen sus estructuras socio-culturales como pueblos autónomos y diversos, con sus propios mecanismos de gobernanza y ordenamiento territorial extendido a las zonificaciones de uso, zonas sagradas, entre otros.

La inexistencia de los Regímenes Especiales de Manejo en las nueve áreas en traslape restantes podrían ser síntomas de las falencias en la coordinación entre las autoridades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los pueblos indígenas, cabe preguntarse hasta que punto esa falta de coordinación configura una vulneración a los derechos de autonomía territorial de los pueblos indígenas en tanto la potestad del manejo del área protegida reside de manera amplia sobre la autoridad estatal, pero de manera muy restringida sobre las autoridades étnicas.

En conclusión, en la Amazonía colombiana la constitución de parques naturales y áreas protegidas como formas de administrar y ordenar ecosistemas llegó siglos después del asentamiento de los diversos pueblos indígenas amazónicos.

La Amazonía debe ser entendida como un territorio ancestral por encima de la sola visión conservacionista que desdibuja la estrecha relación de las comunidades étnicas con su territorio y sus formas de vida.

En Colombia hay una deuda con las poblaciones indígenas en traslape, en tanto los pueblos indígenas deben tener el rol principal en la gestión de sus territorios. Para alcanzar estos objetivos en torno a una autodeterminación real, la creación de los Regímenes Especiales de Manejo pendientes en la mayor parte del territorio amazónico en traslape es una urgencia; de igual forma es vital promover la titulación de resguardos y la constitución
de asociaciones de autoridades indígenas como entidades públicas en comunidades no organizadas bajo estas figuras legales con el fin de facilitar los procesos de gobernanza, construcción de instrumentos de planeación consensuados y la coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Parques Naturales.

*Asociación Ambiente y Sociedad: c.e.: maguilar.consultora@ambienteysociedad.org.co

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