A sala llena y con un panel de destacados oradores, FARN organizó un encuentro con la sociedad civil en pos de construir una mirada integral sobre los desafíos y oportunidades que tenemos como región en materia ambiental.
El evento se realizó el pasado 2 de agosto en el convento Santa Catalina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El marco fue la Séptima Reunión del Comité de Negociación, para alcanzar un acuerdo regional sobre derecho al acceso a la información, justicia ambiental y participación ciudadana.
La apertura estuvo a cargo de Andrés Napoli, Director Ejecutivo de FARN, quien agradeció a los asistentes y subrayó la importancia de tomar decisiones ambientales con consentimiento informado de la sociedad civil.
El primero en disertar fue Marcos Orellana, Director de la División de Ambiente y Derechos Humanos en Human Rights Watch y Profesor Asociado Adjunto de la Escuela de Derecho de la George Washington University en Washington D.C. quien hizo un repaso sobre el origen del Principio 10 (P10), su relevancia, significado y finalmente, su función. Definió al Principio 10 como una herramienta que hace posible el diálogo social, que permite llevar a la práctica los derechos ya establecidos que tienen las personas de vivir en un ambiente sano. Habló del mismo como un camino a recorrer, e hizo hincapié en que es un esfuerzo de integración regional para avanzar en un desarrollo que considere el impacto ambiental. Manifestó, además, la importancia de empoderar a las personas para ponerlo en práctica. También se refirió a la democracia ambiental, un concepto que el P10 refuerza pero que se ve amenazado por el crecimiento de los ataques a defensores del ambiente y del territorio; y destacó al extractivismo como principal causa de un sinnúmero de conflictos sociales en Latinoamérica
Por su parte, Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, mencionó que el P10 mira hacia adelante, y que cada sociedad se enfrenta a sus propios desafíos; siendo las comunidades afectadas por cuestiones ambientales las que deben participar y acceder a información pública pertinente, la que debe garantizar cada uno de los Estados. A pesar de la dificultad del proceso, alentó a mantener la esperanza y a bogar por preservar estándares altos. En este sentido, destacó que dicho proceso aporta resultados positivos ya que ser parte del mismo muchos países ya ha significado un aumento de los procesos de participación en las decisiones. Un hecho inédito, es que la participación es abierta y todos los documentos son públicos. Sin embargo, expresó que hay mucha precaución ya que los países se previenen de acordar condiciones que los lleven a incumplimientos en un futuro.
Por su parte, Natalia Gómez Peña, representante alterna del público y miembro de la junta directiva de Asociación Ambiente y Sociedad, fue vehemente en la importancia de la participación de la gente y la relevancia del Principio 10 ya que hay en muchos países del Caribe mantienen vacíos normativos sobre acceso a la información. Centró su ponencia sobre cuestiones consideradas clave del contenido del acuerdo, que se estructura sobre los ejes centrales: acceso a la información, participación (el derecho individual de los individuos en participar en la formulación del futuro que quieren) y justicia ambiental (la forma de reparación cuando los derechos se ven vulnerados). Añadió que hay artículos específicos para los defensores del ambiente, de grupos vulnerables y de educación ambiental; y el trabajo que se realiza en pos de garantizar un proceso de participación inclusivo con tiempos razonables y consideraciones especiales para grupos vulnerables.
Por último, Dora Lucy Arias Giraldo, abogada defensora de los derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia (Ccajar) relató que en su extensa experiencia de trabajo detrás de los casos de violaciones de derechos humanos siempre ha encontrado cuestiones económicas de grandes corporaciones. Este camino la llevó a descubrir las temáticas ambientales vinculadas a estos casos, por lo acentuó su preocupación por las asimetrías que percibe en los conflictos, señalando la importancia de mantener estándares altos. En esta línea mencionó que en muchos casos lo obligatorio muta en voluntario y ese camino llevaría a retroceder sobre lo avanzado. Remitió al concepto de tiempos lógicos sociales y ambientales, necesarios en los procesos, ejemplificando con un río que tarda miles de años en construirse y paradójicamente puede ser destruido con una licencia que se otorga en muy escasos meses. Según Arias Giraldo, el acuerdo debe incluir garantías eficaces para que los defensores ambientales, quienes reclaman un ambiente sano, puedan actuar sin amenazas. Después de compartir un video con el público, referido al desalojo de comunidades indígenas de Colombia por defender la naturaleza de una mega mina de carbón (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=da89IK04oBo), afirmó que “los únicos límites son los que pongamos nosotros mismos.”
Si bien cada uno de los oradores hizo aportes específicos, todos consensuaron la necesidad de preservar estándares altos en el acuerdo y dar batalla para que la complejidad del mismo no socave su espíritu original que busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, se percibió preocupación por la actual situación de vulnerabilidad de los defensores ambientales, y hubo más de una voz que expresó la contribución del proceso a una integración regional.
Por último, Nápoli recalcó la importancia de este acuerdo y alentó a los presentes a involucrarse inscribiéndose y leyendo los documentos de acceso público.
