El tratado ambiental de Latinoamérica que Colombia se niega a aceptar

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Fuente oficial: El Espectador

Este domingo se dará en San José, Costa Rica, la última negociación sobre el Principio 10, un tratado que busca fortalecer la democracia ambiental en gran parte del continente. Nuestro país es el único, entre 24 gobiernos, en oponerse a algunos acuerdos.

Este domingo 4 de marzo se terminan las negociaciones para firmar o no el Principio 10, considerado uno de los más importantes en temas ambientales durante los últimos 20 años. Página web negociacionp10.cepal.

Esta semana el viceministro de Medio Ambiente tuvo que bajarse de un avión con rumbo a San José, Costa Rica, para atender una emergencia por incendios forestales en el país. Su viaje tenía un objetivo claro: participar en las últimas negociaciones del Principio 10, un tratado suscrito por 24 países de Latinoamérica y el Caribe para fortalecer la democracia ambiental. Su intervención en esas reuniones era clave porque Colombia, representada por la Cancillería, es el único país que se niega a aceptar por completo este instrumento, considerado uno de los más importantes en el tema durante los últimos 20 años.

La importancia del tratado radica en que los miembros que lo firmen están comprometidos en resolver de la mejor manera sus conflictos ambientales. Para ello deben garantizar una adecuada participación social, un adecuado acceso a la información para las comunidades y un adecuado acceso a la justicia. El problema es que desde hace cuatro años que empezaron las negociaciones Colombia se ha mostrado intransigente con algunas letras menudas del Principio.

La primera es el carácter vinculante del tratado. En ese punto la Cancillería ha puesto tantos peros que el Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo tuvo que interceder para que cambiaran de opinión a través de una carta enviada en noviembre pasado. En ella, el funcionario le insistía a la canciller María Ángela Holguín considerar que “todo el esfuerzo invertido en la negociación debía culminar en un acuerdo de carácter vinculante”.

El otro punto en que solamente Colombia se muestra indecisa es la creación de un comité de seguimiento. Una figura que asegura que el acuerdo se cumplirá a cabalidad y no se quede en un papel que promete beneficiar a más de 500 millones de habitantes de la región. Pero ambos puntos, gracias a la presión de la academia y la sociedad civil, podrían ser aceptadas por Colombia al final de los debates.

Sin embargo, el último parece ser el más difícil de transar: la “prohibición de reservas”, estipulada en el artículo 23 del tratado. Este punto es la garantía de que ningún Estado pueda decidir qué puntos cumplirá y cuáles no. Ante esa negativa hay otros dos países que acompañan a Colombia: Jamaica y México. De los tres depende si el domingo todo el grupo adopta el texto.

Aunque las razones de los otros dos países se desconocen, el comportamiento de la Cancillería colombiana es aún más confuso. Para los representantes de la sociedad civil no es entendible el miedo del Gobierno a la democracia ambiental.

Aunque, como asegura Natalia Gómez, representante del público e invstigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad, “pareciera que hay temor de la participación ciudadana en este tema y en cómo este tratado busca proteger ese derecho. Lo que ha pasado con las consultas populares es un ejemplo de ello”.

El lío es que, para que el Principio 10 funcione, debe haber un consenso. En caso de que Colombia no dé su brazo a torcer puede pasar dos cosas. “Si la Cancillería logra sumar a otros países a que lo sigan, logrando así un consenso, se podría firmar un tratado con disposiciones más ligeras. El otro panorama sería que nuestro país abandonara esa posición y se sume a los más progresistas como Chile y Costa Rica, que han liderado todo el proceso”, explicó Erika Castro, especialista en derecho ambiental y representante de la sociedad civil en las negociaciones.

No obstante, en las comisiones colombianas compuestas por academia y sociedad civil hay otra hipótesis. Se dice que la posición de la Cancillería está influenciada por el sector extractivo. El destino nacional y de toda la región dependerá de lo que pacten los negociadores este domingo 4 de marzo. De hacerse efectivo el tratado, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sería una gran oportunidad para sentar una democracia de lo ambiental en un continente en el que solo el año pasado fueron asesinados 197 activistas ambientales. El 60 % de ellos en la región.

Países de la región que, hasta 2016, habían suscrito este tratado ambiental. Tomado de Cepal.