Un proyecto de ley fundamental para el futuro del agro colombiano está avanzando en el Congreso con un mico que hasta ahora ha pasado de agache y que elimina de un tajo la protección ambiental del Gobierno.
Se trata del proyecto que creará las ‘zonas de desarrollo agrícola’ (Zidres), la propuesta del gobierno Santos para que las grandes empresas agroindustriales se asocien con campesinos, especilmente para desarrollar la Altillanura.
El golazo, que apareció en la ponencia para debatirlo en la Comisión Quinta del Senado – que coordinaron los senadores Daira Galvis (Cambio Radical), Milton Rodríguez (La U), Nora García Burgos y Luis Emilio Sierra (conservadores)- , es un parágrafo que dice que “los territorios declarados como Zidres serán sustraídos automáticamente y para todos los efectos de la Ley 2ª de 1959 y modificarán en todo lo pertinente los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios vinculados”.
Dos personas, una del sector ambiental y un congresista, le dijeron a La Silla que el impulsor de esa medida es el Supernotariado Jorge Enrique Vélez, que se ha tomado la vocería del Gobierno en todos los temas de tierras y es el mayor defensor de las zidres.
Ese cambio significa que si una reserva forestal queda dentro de un área declarada como Zidre, dejará de tener esa protección de un plumazo y su manejo ya no estará sujeto a la vigilancia de las corporaciones autónomas.
Sin ese mico, el beneficiario de la Zidre tendría que hacer un trámite extra para explotar la zona de reserva forestal, llamado pedir la sustracción de la reserva. Esa solicitud la define el Ministerio de Ambiente tomando en cuenta estudios técnicos ambientales, económicos y sociales para determinar si, por ejemplo, la zona ya está intervenida por agricultura o si ya hay un centro poblado adentro (como sucede con Subachoque o Mocoa).
Como la lógica del golazo es que el desarrollo agroindustrial de la Zidre mata la protección ambiental, los técnicos del sector ambiental lo ven como un riesgo muy grande que va más allá de esas nuevas zonas.
Como dice una persona técnica del sector, “están eliminando el único rol que tiene la autoridad ambiental en todo el sector agropecuario, que no tiene que pedir ninguna licencia ambiental y que es el que genera la mayor transformación ecosistémica en el país”. Sobre todo porque las bases del Plan Nacional de Desarrollo hablan de la importancia, en temas de cambio climático y uso del suelo, de crear una política intersectorial entre los ministerios de Ambiente y Agricultura para “el desarrollo de un régimen especial de tierras de la Nación, especialmente las sustraídas de reservas de Ley 2ª”.
“Como precedente es terrible: cualquier sector productivo va a decir lo mismo. ‘Si a ellos les dieron permiso automáticamente, por qué a mí no?”, le dijo a La Silla la abogada ambiental Margarita Flórez, que fue secretaria de Ambiente de Bogotá y dirige la fundación Ambiente y Sociedad.
Según la senadora Nora García Burgos, la norma adoptada no quedó idéntica a como venía en la ponencia y ese concepto de “automáticamente” no debe ser leído como un salto por encima de Ambiente. “Lógicamente se siguen todas las reglas ambientales”, le dijo a La Silla y prometió hacernos llegar una copia del texto aprobado en Comisión, pero a la hora de publicación no lo habíamos recibido.
El golazo está vivo, pero le faltan dos debates -el de plenaria del Senado y el de la comisión de conciliación entre el texto de Cámara (que no tiene ese parágrafo) y el de Senado- para saber si finalmente queda en la ley. Así que hay espacios para que no pase de agache.
