El Derecho a Justicia Ambiental

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El acceso a la justicia constituye la base de los ‘derechos de acceso’, ya que facilita la capacidad del público para hacer valer su derecho a participar, ser informado y responsabilizar a los reguladores y contaminadores por los daños ambientales. Es por ello que recientemente, los miembros del Público participaron en la Reunión Intersesional (virtual) del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe para discutir  el Artículo 9 del texto de recopilación sobre Acceso a Justicia Ambiental (ver texto aquí).

El objetivo de la reunión virtual, organizada por las Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, fue identificar consensos y diferencias en este artículo antes de la Sexta Reunión de Negociación para un Acuerdo Regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe, a celebrarse del 20 al 24 de marzo de 2017 en Brasil.

De los 51 participantes en la reunión virtual celebrada el 31 de enero de 2017, 15 fueron de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Guatemala, mientras solo dos fueron los únicos de los gobiernos caribeños: Jamaica y Granada.

Gabriella Burdiles, representante del Público de Chile, perfiló algunos de los elementos claves de Artículo 9, los cuales deben mantenerse y mejorarse en las próximas negociaciones a criterio del Público. Estos incluyen: Acceso a tribunales y asesoría jurídica a un costo razonable; Obtención de recursos adecuados y eficaces; Participación amplia; Tribunales y órganos independientes y especializados; Protección a los defensores medioambientales; Medidas preventivas accesibles y la inversión de la carga de la prueba. Se citaron ejemplos en países latinoamericanos como Bolivia, Panamá y Brasil, donde se eliminó el costo para facilitar un acceso adecuado a la justicia. Burdiles agregó que el acceso a justicia es importante para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el Objetivo 16 trata sobre “Promover paz, justicia e instituciones fuertes”.

Las medidas para proteger los defensores Medioambientales son importantes en el marco del Artículo 9. Gabriella Burdiles mencionó que el reciente informe de Global Witness registra 185 casos donde los defensores ambientales fueron asesinados por su trabajo de incidencia en los sectores de energía, minería, construcción y agricultura en 2015, la mayoría de ellos en Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

Mientras tanto, Nicole Mohammed, miembro del público de Trinidad y Tobago, reiteró la necesidad de eliminar las barreras de costos e indicó que las dos dimensiones del problema del costo son 1) el riesgo de adjudicación de costos contra alguien en un caso sin éxito, y 2) el alto precio que implica llevar un caso a la corte –asesoramiento legal, técnico, honorarios judiciales y entre otros costos de expertos.

Mohammed aprovechó la oportunidad para explicar que, debido al pasado colonial del Caribe, la mayoría de los países de habla inglesa tienen sistemas legales de derecho común. Por lo tanto, alentó a los delegados a revisar el texto compilado para ser negociado antes de la reunión de Brasil, en un esfuerzo por detectar cualquier conflicto de terminología entre los sistemas jurídicos del Caribe y América Latina. Subrayó además que los derechos procesales que se negociaban estaban arraigados en derechos fundamentales como el debido proceso y conceptos como la justicia natural. “Estamos negociando un acuerdo basado en los derechos y tratando de alcanzar un estándar regional. Como tal, no ayuda si los gobiernos limitan las negociaciones a las circunstancias nacionales “, expresó la Nicole Mohammed. Agregó que el acceso a la justicia es, por lo tanto, un importante medio de control y equilibrio de los actos del Ejecutivo, y es vital para una democracia ambiental que funcione.

De acuerdo con Karetta Crooks Charles, Oficial de Comunicaciones e Incidencia de Saint Lucia National Trust y representante alterna elegida por el Público (Santa Lucía) para este proceso, “El Público felicita a la CEPAL y a la Presidencia por esta iniciativa y alienta la participación de más países del Caribe en las etapas preparatorias previas a las negociaciones. Mejor aún, se invita a todos los países no signatarios a familiarizarse con el proceso y firmar en la reunión de marzo, ya que hay muchos buenos ejemplos en toda la región de cómo la aplicación con éxito del Principio 10 mejora la relación entre el Estado y los ciudadanos que desempeñan un papel vital en el proceso de toma de decisiones”.

NOTA AL EDITOR

¿Qué es el Declaración de América Latina y el Caribe sobre Principio 10?

Es un compromiso político hecho por varios gobiernos de la región para promover un cambio en la forma en que se toman las decisiones. Este compromiso busca asegurar que todas las personas de América Latina y el Caribe participen en las decisiones ambientales que las afectan directamente. Esta Declaración ayudará a los ciudadanos a obtener información, participar en la toma de decisiones, prevenir el desarrollo de proyectos que puedan dañar sus vidas y sus medios de subsistencia, e impedir la proliferación de conflictos sociales y ambientales. Cualquier país de América Latina y el Caribe puede firmar la Declaración poniéndose en contacto con la Secretaría Técnica para este proceso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en principio10.lac@cepal.org.

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Para más información, por favor contactarse:

Andrea Sanhueza

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Danielle Andrade

Representante elegido del Público (Jamaica)

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Karetta Sinvergüenzas Charles

Representante Alterna Elegida del Público (St. Lucia)

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