Contrario a advertencias de la Contraloría, Gobierno Nacional prepara nuevos contratos para Fracking en Cesar, Cundinamarca y Meta

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A los 7 contratos ya firmados en Colombia para exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales mediante Fracking que comprenden alrededor de 70 municipios en 7 departamentos del país (Ver estado contratos para Fracking según información oficial), y cuyos procesos más avanzados son los que realizan las empresas PAREX RESOURCES en el bloque VMM-9 en Cimitarra, Santander, y CONOCOPHILLIPS y CANACOL ENERGY a través de su filial “CNE Oil & Gas” en el bloque VMM-3 en San Martín, Cesar y municipios vecinos, se le suman dos nuevos proyectos para Fracking que se cocinan en la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

La denuncia la realiza la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC, como proceso ciudadano que ha venido resistiendo y oponiéndose a la llegada del Fracking en San Martín, Cesar y en Colombia. Se trata de dos bloques que se encuentran en trámite para la firma de contrato adicional de Exploración y Producción de Yacimientos No Convencionales usando el Fracturamiento Hidráulico (Ver denuncia).

El primero de ellos el bloque CERRERO, operado por PAREX RESOURCES a través de su subsidiaria “AB Exploración y Producción BV”, comprende los municipios de Cabuyaro y Barranca de Upía en el Meta, y Paratebueno en Cundinamarca. El segundo, el bloque VMM-2 de CONOCOPHILLIPS Y CANACOL ENERGY, afectará los municipios de Aguachica, Gamarra, Rio de Oro y San Martín en el Cesar, y Puerto Wilches en Santander, del cual se puede decir es la “segunda fase” del proyecto VMM-3 que ya se viene implementando en su etapa de Exploración.

En el trámite de estos nuevos contratos, el Gobierno Nacional hace caso omiso a las advertencias de la Contraloría Delegada para Minas y Energía (Ver comunicado), la cual en respuesta a las acciones interpuestas por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP recomienda que “la ANH debería abstenerse de suscribir contratos para la explotación de yacimientos no convencionales”, lo cual llevaría a alteraciones negativas en el medio ambiente biótico, abiótico y socioeconómico, atribuido al desarrollo del proyecto y a la carencia de medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación, cuya no aplicación de parte de los contratistas llevaría a la afectación de cuerpos de agua superficial, subterránea (de acuíferos) e impacte de igual medida el suelo y la biota del ecosistema en el área de exploración y producción.

 

Esto, sumado a los hallazgos de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente en el mes de noviembre en relación también a la situación que se presenta en San Martín, Cesar (Ver comunicado), según la cual “La ANLA no  atendió cabalmente su objeto al permitir que la empresa Conocophillips continuara con un trámite  que legalmente no es posible , buscando la aprobación de un plan de manejo ambiental para iniciar  labores en el pozo Picoplata #1”, lo cual potencializa el riesgo de afectación sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la región donde se ubica el bloque VMM3 y específicamente, en el área de influencia del pozo Picoplata #1”, son tan solo un ejemplo de la serie de ilegalidades que ha permitido el Gobierno Nacional con tal de iniciar los trabajos de la etapa exploratoria para Fracking en nuestro país.

 

Estos nuevos contratos en cuyos casos las comunidades tampoco han sido consultadas sobre la realización o no de dichos proyectos tal y como lo contempla la sentencia T-445/16 de la Honorable Corte Constitucional, son además una muestra del irrespeto del Gobierno Nacional hacia las instituciones, los entes de control y las mismas comunidades, y una advertencia de nuevos conflictos sociales como los que desde hace ya casi un año se presentan en San Martín, Cesar, que han llevado a que se presenten amenazas, intimidaciones, agresiones del ESMAD y violaciones a los Derechos Humanos en contra de los líderes ambientales que defendemos el agua, el territorio y los ecosistemas, y que en el contexto actual de muerte de líderes sociales en diversas regiones del país, son la más grave amenaza a la implementación del Acuerdo de Paz.

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