Conflictos, corrupción y transparencia en Latinoamérica y el Caribe

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República Dominicana: Asociación Ambiente y Sociedad participó de la III Reunión Regional “Siguiendo los acuerdos de Lima 2016 hacia una agenda común para la transparencia en América Latina”, el 22 de febrero, y un Foro Público “Impactos socio-ambientales, derechos humanos y transparencia”, el 23 de febrero, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Nueva estrategia para un nuevo contexto.

  • Organizaciones de sociedad civil de la región afinan estrategias, 

Santo Domingo, 3 de marzo de 2017.- Organizaciones civiles de Latinoamérica y el Caribe siguen con su compromiso de atender los problemas socio-ambientales de la región. En República Dominicana, acuerdan la elaboración de un informe regional sobre la transparencia y derechos humanos que contenga un balance de la normativa para las grandes inversiones y sus estándares de transparencia, con el fin de garantizar el respeto de derechos y la sostenibilidad de los grandes proyectos que se planean nuestros ecosistemas.

Esto fue acordado en una jornada de trabajo que contó con la realización de la III Reunión Regional “Siguiendo los acuerdos de Lima 2016 hacia una agenda común para la transparencia en América Latina”, el 22 de febrero, y un Foro Público “Impactos socio-ambientales, derechos humanos y transparencia”, el 23 de febrero, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Como parte del balance regional de evaluación ambiental se revisará la legislación de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y República Dominicana y se propondrá un estándar mínimo exigible a cada Estado. De esta manera, se busca homogenizar la calidad de los estudios de impacto ambiental, las actividades de mitigación, las políticas de transparencia y acceso a la información. Esto también podrá ser exigido a la banca multilateral como un insumo para fortalecer sus políticas de salvaguardas.

Durante mucho tiempo, los gobiernos de la región afirmaron que la flexibilización de las inversiones (y de controles socio-ambientales) traería crecimiento equitativo. A esto se suma, la resistencia a implementar o la inefectiva aplicación de políticas de transparencia y acceso a la información, a pesar de las recomendaciones de sociedad civil y que muchos de los países de la región formen parte de iniciativas internacionales para la transparencia y la gobernanza (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI, en inglés, Alianza para el Gobierno Abierto – AGA y el futuro Acuerdo Regional del Principio 10).

Estas propuestas serán el soporte para iniciar una campaña continental para evitar que la agilización de los proyectos de inversión sean el caldo de cultivo de los conflictos socio-ambientales y la corrupción en las grandes obras extractivas y de infraestructura. La consigna es clara: no podemos permitir que se sigan afectando los derechos a la salud, a un medio ambiente limpio y al territorio, de millones de latinoamericanos y caribeños.

El escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht y casi todos los gobiernos de la región es la evidencia más contundente acerca de la necesidad de reformular nuestros marcos normativos, aumentando efectivamente los mecanismos de control ciudadano, por un lado y mejorando los estándares socio-ambientales a fin de reducir la discrecionalidad de funcionarios que libres de controles institucionales fuertes, han demostrados ser permeables a la corrupción.

Estos acuerdos ya se venían discutiendo en jornadas anteriores: I Encuentro Regional realizado (febrero, 2016) y II Encuentro Regional (noviembre, 2016), ambos realizados en Lima, Perú. La III Reunión Regional y el Foro Regional fueron organizados por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación. Con el apoyo de Oxfam, Open Society Foundations, Rainforest Foundation Norway, National Endowment for Democracy (NED) y la colaboración del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE) de República Dominicana.

Para tomar en cuenta:

  • Durante el Foro Regional se contó con la participación del ministro de Energía y Minas de República Dominicana, Antonio Isa Conde, quien se comprometió a respaldar iniciativas como el EITI.
  • Se convocarán a las nuevas redes regionales como el “Observatorio Regional de Evaluación Ambiental” y “Transparencia Regional” en la construcción de estos nuevos estándares para los gobiernos nacionales y banca para el desarrollo.
  • Las nuevas plataformas creadas por sociedad civil brindarán asistencia técnica para afianzar las demandas de los movimientos, hacer reformas a los grandes proyectos en Latinoamérica y el Caribe y fortalecer los estándares de transparencia, acceso a la información y evaluación ambiental.
  • Asimismo, las organizaciones de sociedad civil participantes en estos eventos mostraron su apoyo a la iniciativa de la “Marcha Verde” promovida por sociedad civil de República Dominicana y a la iniciativa de la “Coordinadora Contra la Corrupción” del Perú.

Fuente: DAR 

 

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