Colombia y la paz, una paradoja que cuesta la vida

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Mientras el asesinato de líderes sociales sea una problemática que no se reconozca y el Estado no se responsabilice a través de una estrategia eficiente que evite más muertes, la sociedad civil debe formar un cordón de protección alrededor de ellos.

Por María Fernanda Martínez-Asociación Ambiente y Sociedad

Publicada originalmente en El Espectador. Colombia 2020

Colombia despidió el año 2017 con 170 líderes sociales fallecidos, según un informe realizado por Indepaz, en el que asegura que la mayoría de estos asesinatos se cometieron en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado, como Cauca Nariño y Chocó, sin que el Gobierno tome medidas para frenar esta ola de homicidios a estas alturas del 2018.

Mientras que el ministro de defensa Luis Carlos Villegas declaraba en RCN radio, el pasado 9 de agosto, que los asesinatos de líderes sociales son un “fenómeno que afortunadamente se encuentra en franca caída, el programa Somos Defensores nos muestra una cifra completamente diferente y estima en 47 los líderes asesinados en lo que va corrido del año.

Para los Ministerios de Defensa y de Justicia, la interpretación de los asesinatos resulta un asunto delicado, puesto que la valoración del “liderazgo social” resulta abstracta en Colombia, ya que pasa por la definición que las Naciones Unidas propone: La promoción de los derechos humanos a través de campañas y actividades educativas, la ejecución de proyectos, la representación de las víctimas, entre otras.

Es claro que existe complejidad a la hora de clasificar estos homicidios, pues no todas las personas se reconocen como líderes sociales, y algunos asesinatos terminan siendo considerados por las autoridades como “líos de faldas”. En este sentido la falta de reconocimiento de la sistematicidad en el asesinato a líderes deviene de una falla más grande: el desconocimiento de qué significa ser un líder y quiénes lo son.

Indepaz indica que el 40% de los líderes asesinados son indígenas, otro 20% pertenecían a movimientos políticos de izquierda en departamentos afectados por la guerra, mientras que la Defensoría del pueblo maneja cifras de 282 muertes desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 27 de febrero de 2018. Sin duda, se trata de la cifra más alta desde que inició el proceso de paz.

En lo corrido del año, la plataforma Pacifista, la cual maneja las mismas cifras del Gobierno, contabiliza 88 homicidios hasta el mes de mayo, incluyendo el último asesinado, Gabriel Muñoz Muñoz, líder campesino, integrante del proceso de veedurías ciudadanas “vamos todos” y coordinador de la campaña de Gustavo Petro.

Pero los asesinatos no sólo afectan a líderes sociales, también le siguen el rastro a los periodistas comprometidos con causas sociales, como el caso del periodista Bladimir Sánchez Espitia, quien manifestó al Comité para la Protección de los Periodistas amenazas de muerte por tener evidencia documental en casos de violación de DDHH. Bladimir Sánchez ha documentado a través de internet videos en los que atribuye los crímenes contra líderes sociales a grupos paramilitares, el ejército nacional y la policía, bajo una disputa territorial y de recursos, en donde existen liderazgos que los repelen.

Sin embargo, el fenómeno se multiplica a territorios en donde se empieza a implementar el acuerdo de paz, impidiendo la aplicación del acuerdo. En Este sentido, la Agencia de Renovación del Territorio ha lamentado los asesinatos de los presidentes de las juntas de acción comunal de la vereda El Rizo (Antioquia) Víctor Zabala y María del Carmen Moreno Páez, en la vereda Caño Rico, (Arauquita), quienes se encontraban liderando el proceso de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Yodirlandy Palechor, líder indígena del departamento de Caquetá, dio su opinión a través del canal de noticias RED +, donde expresó “que no se trata solo de las muertes de los líderes”, sino de las amenazas, el desplazamiento de las comunidades y la exclusión por parte del gobierno en la implementación de estrategias hacia las comunidades en los territorios.

A pesar que el presidente Juan Manuel Santos ha declarado en diferentes ocasiones el rechazo rotundo a los asesinatos, también reconoce que estos hechos “no sistemáticos” son desafíos para la institucionalidad en el proceso de implementación de los acuerdos y, en consecuencia, el gobierno nacional se propone el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para los líderes sociales.

No obstante, con todos los retos que representa el posconflicto, la valoración debe ser integral, es decir, debe ir más allá de llenar el vacío institucional con acompañamiento militar. Es imprescindible definir qué es ser un líder social en Colombia, reconocer al líder como tal por las autoridades y las razones por las que luchan. Además, debe ser identificada si hay o no sistematicidad por las autoridades y reconocer estos homicidios como un fenómeno regionalizado, para entender los entramados territoriales que los ponen en riesgo.

Mientras la problemática no se reconozca y el Estado no se responsabilice a través de una estrategia eficiente que evite más muertes, la sociedad civil debe formar un cordón de protección alrededor de sus líderes, reiterando la exigencia al gobierno nacional de proteger estas vidas, informándose y manifestándose.