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Democracia

ambiental

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Contexto

La constitución colombiana de 1991, se define como una constitución “ecológica” pues contempla un marco de principios del estado social de derecho que significaron un gran avance para la protección de los derechos colectivos y ambientales, como lo son el acceso a la información y la participación en materia ambiental.

Los mecanismos de acceso a la información y a la participación ambiental en Colombia han venido sufriendo muchas transformaciones con la interposición de requisitos cada vez más estrictos que merman su efectividad. Así mismo, el desconocimiento de la ciudadanía de sus derechos y la falta de herramientas prácticas imposibilitan la aplicación material y real de  estos mecanismos.

Objetivos generales:

  • Contribuir a una mejor implementación de los derechos de acceso a la información, participación, justicia ambiental y gobernanza a nivel nacional y regional en diferentes instancias de toma de decisión.
  • Desarrollar actividades de incidencia que propendan por garantizar los derechos individuales y colectivos y exigir a las instituciones el cumplimiento con respecto a estándares ambientales, estándares de acceso a la información y mecanismos de participación ciudadana.

Resultados para el periodo:

  1. Comunidades en territorio y población con mayor y mejor conocimiento de las herramientas para ejercer sus derechos a la información y a la participación en materia ambiental.
  2. Se presentan posiciones y documentos generados por sociedad civil ante procesos de adopción de normas nacionales e internacionales en materia de participación ciudadana.
  3. Actividades y herramientas son desarrolladas, con el fin de apoyar a las comunidades frente a proyectos, en temas de gobernanza ambiental, transparencia, acceso a la información, participación y justicia ambiental.

Acciones:

  1. Seguimiento a los principios de Acceso a la Información que contiene la Declaración de Río + 20.
  1. Participación en procesos de adopción de normas sobre consulta previa para comunidades negras y pueblos indígenas
  2. Monitoreo e incidencia sobre las propuestas de leyes y políticas sobre derecho de acceso a la información.
  3. Activación de mecanismos internacionales de derechos humanos e intervenciones ante la Corte Constitucional en casos referentes al acceso a la información y la participación ciudadana en materias ambientales y que se puedan convertir en decisiones hito.
  4. Participación en redes que impulsen los derechos a la participación y al acceso a la información en Latinoamérica.
  5. Desarrollo de herramientas que permitan incrementar el conocimiento y participación de las comunidades en temas de gobernanza ambiental, transparencia, acceso a la información, participación y justicia ambiental.

Proyecto: 4 Octubre 2016 – 30 Septiembre 2018

Fortalecimiento capacidad institucional para apoyar a grupos comunitarios en la prevención de conflictos socio ambientales

Fortalecimiento institucional como estrategia que permite asegurar una mejor gobernanza de la entidad que responda a los requerimientos que se le presentan para apoyar diversas iniciativas de participación activa de organizaciones sociales en la prevención de conflictos socio ambientales, y como un mecanismo para relacionar actores, componentes y actividades que fortalezcan la inclusión de aspectos ambientales y sociales, especialmente relacionados con obras de infraestructura y energía.

OPEN SOCIETY

 


 

Proyecto: 30 Marzo 2016 – 31 Diciembre 2016

GFW (EAI Y LICENCIAS AMBIENTALES

Desarrollar un sistema de alertas tempranas a través de una aplicación sobre megaproyectos de infraestructura, prioritariamente en zonas de conservación del territorio colombiano.  Esta herramienta ayudará a las comunidades para proteger su territorio y será una herramienta para hacer incidencia a través de la tecnología.

WRI


 

Proyecto 2013-2016

PROCESO REGIONAL DE NEGOCIACIÓN DE UN INSTRUMENTO JURÍDICO QUE IMPLEMENTE EL PRINCIPIO 10 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Como miembros de la Sociedad civil Ambiente y Sociedad ha estado participando de este proceso desde el año 2013 cuando Colombia firmó la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 en América latina.

El proceso en el año 2015 tuvo ​varios avances importantes, en primer lugar a petición de los países CEPAL elaboro el documento preliminar del instrumento regional con base en los aportes de los grupos de trabajo, la sociedad civil y los gobiernos el cual se presentó oficialmente en Mayo de 2015 durante la primera reunión del comité de Negociación.

 Además en marzo se realizó la elección para designar 2 representantes del publico principales y 4 representantes alternos, entre los cuales fue elegida Natalia Gómez investigadora de AAS.  La función de los representantes del público es mantener un dialogo constante con la mesa directiva del proceso, canalizar las inquietudes del público latinoamericano y caribeño y difundir entre los miembros del mecanismo publico regional lo que ocurra en las reuniones con la mesa directiva.


 

Proyecto 2015
  • CIVICUS World Alliance for Citizen Participation

Objetivo General:  Fortalecer las capacidades de intervención de la sociedad civil a nivel local  y nacional frente e a la Conferencia de financiación para el Desarrollo -FFD3, la Cumbre de la ONU sobre objetivos de desarrollo sostenible Post-2015 y la Conferencia de Clima COP21 mediante la difusión de información y movilización de  comunidades, grupos étnicos, juveniles y de mujeres.


 

Proyecto 2014
  • Convenio Swissaid

Objetivo General: propuesta metodológica para la incidencia en políticas públicas, y la aplicación de regulaciones sobre el agua, con énfasis en el régimen de concesiones del agua con destino a actividades mineras, y su impacto en el consumo humano, y en pequeña agricultura de las poblaciones

Objetivo del estudio: Elaborar un mapa institucional, de políticas y de regulaciones sobre el agua relacionado directamente con el consumo para usos mineros. Este estudio debe contener las actuaciones administrativas más relevantes en torno al tema así como evidenciar las oportunidades de participación pública de los ciudadanos dentro del trámite de las licencias ambientales; los recursos administrativos y judiciales que sea posible utilizar.

El producto de este estudio hace parte esencial para plantear una guía metodológica para la incidencia en las decisiones públicas respecto al uso del agua como bien común y recurso público.


  • Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR

OBJETO: Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad de participación de los asociados de RESNATUR y otros propietarios de reservas naturales de la sociedad civil en procesos de planeación de programas de desarrollo  así como de planificación  y ordenamiento territorial, fomentando así la participación ciudadana y la mitigación de impacto de proyectos de desarrollo.

CLÁUSULA SEGUNDA- ALCANCES DEL OBJETO. El convenio se suscribe para facilitar los siguientes alcances y objetivos específicos:

1) Fortalecer las capacidades de los  asociados de RESNATUR, así como de  otros propietarios de predios privados y comunidades, a través del diseño   y difusión  de una guía para la actuación  local de organizaciones de la sociedad civil en asuntos ambientales, de ordenamiento territorial y temas afines con base en el contenido del Manual de Compensación elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente.

 2) Diseñar e implementar instrumentos con contribuyan a la armonización de normas que incorporen el reconocimiento de la participación ciudadana en asuntos ambientales  y generar propuestas para incentivar el establecimiento de RNSC y/o sistemas de producción conservación, lo cual se buscara por medio de la capacitación de estas comunidades por medio de talleres de información y reconocimiento de sus derechos.

3) Definir e implementar mecanismos de participación que permitan a las RNSC incidir sobre el desarrollo del marco legal y político con base en los resultados obtenidos en las diferentes actividades de participación ciudadana.