Carnaval por el Agua y la Participación Ciudadana

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Por: Natalia Gómez Peña

Coordinadora del Área de Democracia Ambiental

Asociación Ambiente y Sociedad

Columna publicada originalmente en

Semana Sostenible

Días después de que en Ibagué mas de 120 mil personas se movilizaran para defender sus recursos hídricos, su derecho a un medio ambiente sano y plantearan su oposición al desarrollo de proyectos mineros en el departamento, los líderes de los comités ambientales del Tolima y promotores de la marcha comenzaron a recibir amenazas de grupos armados ilegales. Un desalentador panorama para un país que está tratando de superar décadas de conflicto armado y construir una sociedad más pacífica, pero donde todavía el diálogo y el respeto por el pensamiento y la integridad del otro son ideas utópicas.

La marcha del pasado 3 de junio no sólo reunió a los pobladores de Ibagué y municipios aledaños, los habitantes del Quindío también se manifestaron exigiendo el respeto por el paisaje cafetero y la palma de cera, y en el Caquetá la marcha ciudadana pidió la protección de la biodiversidad amazónica y manifestó su desacuerdo con la política minero energética impulsada por el gobierno nacional. Las manifestaciones reunieron a niños, jóvenes, familias y abuelos con un mensaje común de protección para el medio ambiente y sus territorios.

El carnaval por la vida es el preámbulo a la consulta popular que la alcaldía de Ibagué está convocando, a pesar de las presiones de entidades del gobierno central, para preguntar a los ciudadanos si quieren o no que se desarrollen proyectos mineros en su municipio. Con la reciente declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 37 del código de minas que establecía la prohibición para las autoridades locales de excluir de la minería zonas de su territorio, mecanismos como la consulta popular se ven revitalizados y podrían contribuir a una verdadera materialización de la autonomía territorial y el derecho a la participación ambiental de todos los ciudadanos, en la que los gobernantes y las autoridades tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones que puedan afectar el medio ambiente.

El gobierno nacional ha defendido vehementemente el desarrollo de proyectos mineros por ser de “interés general” y por ende de todos los colombianos, sin embargo, parece que esta categoría de interés general no se aplica cuando las comunidades hablan de excluir sus territorios de minería para la protección de las cuencas de agua, los bosques y la biodiversidad del país. Sería importante que este debate trascendiera y que el interés general se orientara hacia la protección de nuestro medio ambiente y la construcción de un futuro sostenible.

Desde 1992 con la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo el mundo comenzó a hablar de un cambio de paradigma en el que las decisiones sobre el desarrollo ya no se tomarían por unos cuantos burócratas en sus oficinas alejadas del territorio y lejos de la vista de los ciudadanos, sino que la transformación hacia la búsqueda de la sostenibilidad implicaba la toma en cuenta de los impactos sociales y ambientales de las decisiones y la plena participación ciudadana en estos procesos.

A pesar de este nuevo panorama mundial, y de los mecanismos de participación ciudadana que consagra el marco legislativo y constitucional colombiano, en nuestro país contantemente se evidencian negaciones al derecho a participar y decidir, que originan una alta conflictividad socio ambiental en gran parte del territorio nacional. Por esto es importante que el posconflicto y la construcción de paz de la que tanto hablamos últimamente incluyan dentro de sus bases el fortalecimiento de la democracia ambiental, de manera que los ciudadanos tengan el derecho a hacer parte de las decisiones, a manifestar su oposición al desarrollo de proyectos que afecten su medio ambiente, y que se contribuya a la solución y la prevención de los conflictos que la actividad minera causa en el país.

Ibagué, el Tolima, el Quindío y el Caquetá son un ejemplo para el país de un movimiento ciudadano pacífico que busca el respeto por su derecho a la participación pública ambiental y que pide a sus gobernantes que por encima de las regalías mineras se ponga el agua y la vida de todos los habitantes. A los líderes amenazados se les debe dar toda la protección y evitar que una tragedia llene de sangre el carnaval por la vida.

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