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¿Quién gobierna en la Amazonía?

 

Fuente: El Espectador

Mientras el Estado continúa viendo la Amazonia, en el mejor de los casos, como un territorio extractivista, en el contexto mundial esta es una de las últimas zonas de tierras de bajo costo disponibles para la ampliación de la frontera agroindustrial. Una gran amenaza se cierne sobre los últimos bosques tropicales intactos del planeta.

En los últimos cinco años la Amazonia perdió un poco más de 410.000 hectáreas de bosque. En 2017 la cifra alcanzó las 140.000 hectáreas. Territorios donde coinciden comunidades vulnerables, campesinas o indígenas, así como áreas ambientalmente sensibles (parques nacionales y reserva forestal) vienen siendo transformados y apropiados por diferentes actores, sin que el gobierno colombiano cambie una tendencia que lleva 20 años.

Ahora las agencias del Estado ven alejarse la posibilidad de retomar el control territorial ejercido por las Farc antes del proceso de paz. El Estado colombiano se acostumbró a pensar que la Amazonia era solo un teatro de operaciones de guerra. No dimensionó su enorme riqueza natural y cultural. Casi siglo y medio después de las caucherías, la Amazonia sigue siendo vista, en el mejor de los casos, como una zona extractivista, de lo cual hay importantes proyecciones en el piedemonte del Putumayo,Caquetá y sur del Meta (para petróleo) y en Guainía y Vaupés (para minería).

Lo anterior, sumado al desarrollo de carreteras e hidrovías planteado en el Plan Maestro Intermodal de Transporte, hace prever una importante transformación de algunas zonas a las que llegará nueva población y transporte de materias primas, que serán un reto para el manejo apropiado de sus impactos acumulativos y sinérgicos. Esto, sin contar con los planes viales departamentales, que no siempre coinciden con la decisión de no ampliar la frontera agropecuaria. ¿A qué intereses corresponden?

En el contexto mundial esta es una de las últimas zonas de tierras de bajo costo disponibles para la ampliación de la frontera agroindustrial, como ya ocurrió en Brasil, Bolivia y Ecuador, y ya aparecen signos de la presión y la ‘búsqueda’ de tierras en particular en las sabanas del Yarí y la Fuga, así como en los ríos Ariari, alto Caguán y Guayabero, entre otros.

La acumulación de tierras en pocas manos en la Reserva Campesina del Guaviare no tiene comparación con otra zona en el país (veredas completas compradas por único dueño). La deforestación e incremento de la ganadería proveniente del sur del Meta (hacia el Guaviare, en el borde de Chiribiquete) y piedemonte del Caquetá es muy sensible (en especial en la región del Orteguaza y Caguán medio). Cultivos de palma africana han llegado a las goteras de la Amazonia (río Guaviare y Ariari), la cual es una zona en la que, según Fedepalma, no tienen interés en ampliarse. ¿De quién son entonces estos cultivos? ¿Quién controla su comportamiento ambiental, cuando hay casos de ocupación de áreas restringidas? Pero si esto ocurre por el lado de las transformaciones planificadas del territorio, veamos que ocurre con las no planeadas.

La Amazonia fue conocida durante muchos años como “territorios nacionales”, una denominación que llevaba implícita una carga de desconexión con el país, de olvido y marginalidad. Al crearse como departamentos y dárseles su autonomía y proceso de descentralización, poco mejoró: cayeron en manos de grupos políticos, algunos de otras regiones, y se quedaron con una visión de desarrollo que ve en la selva y sus pobladores un obstáculo para el crecimiento.

 

Es histórico que las inversiones de los departamentos y municipios amazónicos sean motores de la ampliación de la frontera agropecuaria. Su visión de desarrollo, en el mejor de los casos asociada a la ganadería, incentivó el avance hacia la selva.

Hoy en día, algunos funcionarios locales, al parecer, están interesados en las tierras que cambian de precio mágicamente al pasar una carretera por sus predios. Ven con buenos ojos registrar veredas donde no hay ocupación, sino expectativas, y muchas veces, sobre áreas con restricciones. La cartografía veredal de muchos de estos municipios es un galimatías no acorde con la realidad, ni con el ordenamiento legal del suelo. Largo trabajo espera para el ordenamiento del territorio y una información confiable para la inversión pública.

En algunas zonas, luego de creada la vereda, viene la inversión pública para garantizar el bienestar de la población que está “haciendo finca”, a bajo precio, y que luego se vende al mejor postor y vuelve a arrancar el ciclo del colono tumbando selva, y el acaparador detrás. También hay quien no espera a que el colono abra el monte. Hoy, inversionistas de diferente tamaño y origen de recursos, contratan los aserradores y mandan tumbar hasta donde sus recursos lo permiten.

En el verano de este año, zonas con un solo dueño tumbaron lotes de 800 hectáreas; el tamaño de fincas muestra el poder económico de los acaparadores. No hay un negocio en el mundo que no sea rentable si el precio del suelo es igual a cero; su única inversión es tumbarlo y quemarlo porque en adelante todo es ganancia.

Muchas agencias han interpretado que el objetivo de la gente al tumbar era por la expectativa de una posible titulación; hoy, vemos que no es así en muchos casos. Para los grandes acaparadores, el mercado ilegal de tierras es su mejor escenario. La legalidad implica pagar impuestos, tener restricciones de tamaño de predios y restricciones al uso del suelo.

Hoy, nada de eso ocurre, a excepción del impuesto que ya empieza a pagarse a los nuevos grupos armados ilegales que aparecen en el territorio, el cual, además, permite “seguridad” y la ampliación de sus apropiaciones sin restricción. La elaboración de un catastro rural y la formalización de la propiedad es una necesidad urgente y un rezago histórico que condena a la Amazonia al caos y a la ley del más fuerte. Con los acuerdos de paz hubo una esperanza para que esto fuera priorizado en estas regiones, pero no fue así, y la velocidad de la apropiación y deforestación superó con creces al Estado.

Acuerdo de Escazú: 15 países firmaron histórico tratado para la defensa de los derechos ambientales

Fuente: Mongabay

  • Duras críticas han recibido los gobiernos de Chile y Colombia por no suscribir el tratado que garantiza la justicia ambiental.
  • Las negociaciones para el también llamado Principio 10 se iniciaron hace seis años. Ahora, los países firmantes deben llevar su compromiso a sus respectivos parlamentos para que éstos ratifiquen la decisión.

El Acuerdo de Escazú, un tratado histórico para la defensa de los derechos ambientales en América Latina y El Caribe, fue firmado por 15 países de la región. Este compromiso es un paso adelante para asegurar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental en un continente con un creciente número de ambientalistas asesinados: cuatro cada semana durante el año 2017, según cifras de Global Witness.

Las naciones que estamparon su firma el jueves 27 de septiembre son Perú, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Guyana y Haití. Estos dos últimos no participaron de las negociaciones previas pero suscribieron el acuerdo. Un día después, el viernes 28, se unió a la lista Paraguay.

Bertha Cáceres, activista hondureña asesinada en el 2016 es un símbolo para los defensores ambientales de Latinoamérica. Foto: Simone Dalmasso.
Bertha Cáceres, activista hondureña asesinada en el 2016 es un símbolo para los defensores ambientales de Latinoamérica. Foto: Simone Dalmasso.

De los países que aún no se han acogido al también llamado Principio 10, dos ausencias fueron duramente criticadas: Chile y Colombia.

Críticas a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera

El caso de Chile ha sido el más cuestionado puesto que este país estuvo entre los principales promotores del acuerdo y fue uno de los impulsores del documento firmado por 10 países en el 2012, cuando se sentaron las bases de lo que hoy se ha convertido en el primer tratado ambiental vinculante para Latinoamérica.

El pedido al gobierno de Sebastián Piñera para refrendar el Acuerdo de Escazú llegó desde diversos frentes. Días antes de la fecha fijada para la firma del tratado, un grupo de parlamentarios de la oposición enviaron una carta al presidente chileno para pedirle que revierta su decisión de postergar la suscripción de este compromiso.

El gobierno del chileno Sebastián Piñera ha sido duramente criticado por no suscribir el Acuerdo de Escazú. Foto: Agencia Andina.
El gobierno del chileno Sebastián Piñera ha sido duramente criticado por no suscribir el Acuerdo de Escazú. Foto: Agencia Andina.

“Chile está llamado a firmar y liderar el #AcuerdoDeEscazú, garantizando que los futuros conflictos ambientales sean abordados desde un nuevo modelo de desarrollo, donde se plasme el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados, y dar voz a aquellos que no la tienen, sin dejar atrás a nadie”, precisa la misiva.

Entre los signatarios de esta carta figura la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Isabel Allende (PS), quien dijo que esta decisión es una “pésima señal, considerando lo dramático que se está viviendo una vez más en Quintero y Puchuncaví”.

Esto último, en referencia a estas dos ciudades chilenas que han sido declaradas en alerta sanitaria por los altos índices de contaminación industrial que enfrentan. En ambas ciudades los altos niveles de dióxido de azufre y material particulado han dañado cultivos y causado afecciones a niños, ancianos y animales. “La difícil situación de los ciudadanos de Quinteros y Puchuncaví destaca la necesidad del Acuerdo de Escazú, un tratado que garantiza los derechos ambientales”, señala Carole Excell, directora de la Oficina de Democracia Ambiental en el World Resources Institute.

En otra misiva enviada a Piñera, más de 130 expertos en derecho ambiental e internacional exhortaron al mandatario chileno a “honrar el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales”. En la carta también recuerdan el rol de liderazgo del país del sur en este proceso que presidió la etapa preparatoria y copresidió el periodo de negociación del acuerdo.

Los conflictos sociales por las actividades extractivas están presentes en Chile. Foto: Alerta Isla Riesco.
Los conflictos sociales por las actividades extractivas están presentes en Chile. Foto: Alerta Isla Riesco.

Andrea Sanhueza, representante del público por Chile, quien participó en la propuesta desde el inicio de las negociaciones, explica las razones por las que su país no se ha acogido a este acuerdo. Según Sahueza, “el gobierno chileno interpreta que este convenio aumentará los conflictos socio ambientales que ya existen en el país, bajo la premisa equivocada de que si las personas tienen más derechos habrá mayor conflictividad”. Otra razón, dice la representante de Chile, es que el gobierno chileno considera que su implementación puede frenar las inversiones en el país.

Una tercera razón —agrega Sahueza— se relaciona con el artículo de solución de controversias del Acuerdo de Escazú que establece, que las Partes pueden acordar su propio mecanismo de solución u optar por ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este caso, “el gobierno chileno teme afrontar nuevas demandas en La Haya como la que enfrentó con Bolivia”, precisa.

Por su parte, el gobierno chileno ha respondido que la postergación de la firma del Acuerdo de Escazú se debe a que el país “está decidiendo si concurre con declaraciones interpretativas particularmente en los mecanismos de solución de conflictos”. Una explicación que ha dejado más sombras que luces sobre la decisión de la gestión de Piñera.

No obstante, la vocera del gobierno, Cecilia Pérez, ministra Secretaria General de la Presidencia, aclaró que “Chile cuenta y cumple con los aspectos sustantivos que el propio pacto señala en materia de transparencia, en materia de los tribunales ambientales que hoy día existen, en materia de los mecanismos de participación ciudadana, que son múltiples y no solamente radicados en aspectos medioambientales sino también en otros”.

Colombia, el otro gran ausente

La decisión de Colombia de no acogerse al Acuerdo de Escazú era la esperada, puesto que durante las negociaciones el país se mantuvo en contra de algunas decisiones que se fueron adoptando. En esa etapa, Colombia retrocedió en dos temas. Uno de ellos se refería al comité de seguimiento que proponía que cualquier ciudadano pueda vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país.

El acaparamiento de tierras es uno de los problemas ambientales en Colombia. Foto: Corporación Desarrollo Solidario -CDS
El acaparamiento de tierras es uno de los problemas ambientales en Colombia. Foto: Corporación Desarrollo Solidario -CDS

El otro aspecto estuvo relacionado con el pedido que hizo la representación de Colombia para que se incluya un artículo que permita a los gobiernos tener reservas. Es decir, que cada gobierno tenga  la posibilidad de elegir qué artículos del tratado acepta y en cuáles se mantiene al margen.

En conversación con Mongabay Latam, Natalia Gómez, oficial de incidencia de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus) dijo que “se trata de una oportunidad perdida para fortalecer el marco jurídico del país”. Agregó que, en su opinión, el gobierno de Colombia tiene miedo de comprometerse y de ampliar los derechos de los ciudadanos.

Gómez lamentó la decisión de la gestión de Iván Duque, sobre todo porque este tratado tiene como uno de sus ejes principales la protección de los defensores ambientales y Colombia es uno de los países de la región con mayor número de ambientalistas asesinados.  “Creo que es una oportunidad perdida en Colombia de hacerle frente a un problema que es muy serio por los atentados contra los defensores ambientales. Los países que tienen tendencias tan peligrosas de violencia contra los luchadores ambientales, deberían ser los primeros en firmar, ratificar e implementar el acuerdo de Escazú”.

Fueron seis años de negociaciones para arribar al Acuerdo Escazú. Foto: DAR
Fueron seis años de negociaciones para arribar al Acuerdo Escazú. Foto: DAR

Hasta el momento, el gobierno de Duque no ha dado una declaración oficial sobre su decisión de no suscribir el convenio internacional. No obstante, los países que aún no han firmado esta decisión pueden hacerlo en los próximos 24 meses, puesto que el llamado a unirse al pacto permanecerá abierto hasta setiembre del 2020.

“Por más de 25 años de haberse adoptado la Declaración de Río, los ambientalistas estamos esperando que se nos brinde el acceso oportuno a la información y una adecuada participación en políticas, proyectos y decisiones que afectan nuestro ambiente y su territorio”, declaró Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, quien ha instado al presidente Duque que se sume a este esfuerzo internacional y firme el Acuerdo de Escazú.

Entre los países que tampoco han firmado el tratado figuran Bolivia, El Salvador y Honduras, este último considerado el más peligroso del mundo para el activismo ambiental, según Global Witness. Ninguno de estos gobiernos ha manifestado si se unirá al compromiso internacional.

Celebración en el continente

Pese a las ausencias, la firma del tratado por parte de 15 naciones ha despertado el entusiasmo y celebraciones en la región. En un mensaje por redes sociales, la ministra del Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, dijo que “este acuerdo representa una de las oportunidades de fortalecer los vínculos entre los países Latinoamericanos en un tema tan importante y crítico como es la transparencia en los temas ambientales, la posibilidad de permitir a las poblaciones más vulnerable el acceso efectivo a la información y promover la justicia ambiental”.

La ministra del Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, durante la firma del Acuerdo de Escazú. Foto: CEPAL.
La ministra del Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, durante la firma del Acuerdo de Escazú. Foto: CEPAL.

Muñoz también recordó que Perú está comprometido en la lucha contra la corrupción y, por tanto, la transparencia en el sector ambiental es un eje fundamental en este camino.

Por su parte, Aída Gamboa, especialista de la ONG peruana Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), manifestó la importancia del acuerdo en la protección de los defensores ambientales, principalmente, de los pueblos indígenas de la Amazonía que son amenazados constantemente por proteger sus territorios. Al respecto, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), precisó que desde su organización se comprometen a fortalecer y difundir este instrumento para enfrentar los conflictos sociales que se presentan en el país debido a los proyectos de inversión que afectan los territorios indígenas.

Este tratado, denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, permitirá a los países firmantes adoptar medidas especiales para garantizar un entorno libre de amenazas y restricciones a la seguridad de las personas y organizaciones que promuevan y defiendan derechos ambientales.

El 4 de marzo se aprobó el documento con los lineamientos del Acuerdo de Escazú. Foto: DAR.
El 4 de marzo se aprobó el documento con los lineamientos del Acuerdo de Escazú. Foto: DAR.

El Acuerdo de Escazú también abre el camino a casi 500 millones de personas para participar en procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas como la aprobación de actividades mineras, el tratamiento de la contaminación y la planificación del uso de la tierra, entre otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

En marzo de este año, 24 países se reunieron en Escazú, Costa Rica, para debatir y aprobar todos los lineamientos que debían ser incluidos en el acuerdo regional. La cita culminó el 4 de marzo con la aprobación del llamado Acuerdo de Escazú que ahora ha sido firmado por 15 países.

La posibilidad de unirse a este compromiso estará abierto por dos años, mientras que los países que ya lo suscribieron deben conseguir que sus respectivos parlamentos lo ratifiquen. Una vez que once naciones logren esta autorización, el Acuerdo de Escazú entrará en vigencia.