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Megaproyectos y desastres ambientales: ¿qué está pasando?

Por: Rodolfo García SierraPh. D. e investigador y docente, Universidad Nacional de Colombia

UN Periódico Digital. Universidad Nacional

Decisiones sobre riesgos ambientales en manos de unos pocos expertos contratados por las mismas empresas interesadas en su viabilidad, e incertidumbre sobre las condiciones ambientales, son dos de las posibles causas de los accidentes en Hidroituango, Chirajara y el pozo Lizama. El Proyecto Metro de Bogotá sigue el mismo modelo y podría tener sobrecostos de por lo menos el 42 %.

Al analizar los recientes desastres ambientales en megaproyectos de Colombia como el “inédito” caso de derrame del pozo 158 Lizama, la “desconcertante” caída del puente de Chirajará, y el “sorpresivo” taponamiento de los túneles en la hidroeléctrica Hidroituango, es posible identificar un punto en el que los tres sucesos coinciden: la manera como se adoptan las decisiones sobre los riesgos ambientales. Esto brinda una explicación más profunda sobre lo que realmente está sucediendo.

Según el estudio doctoral “Toma de decisiones por grandes organizaciones en condiciones de incertidumbre: estudio de las grandes hidroeléctricas en Colombia 2010-2020”, de la Universidad Nacional de Colombia (UN), la toma de decisiones basada en expertos utilizada por las promotoras de megaproyectos desconoce la gran incertidumbre que existe sobre el medioambiente y los impactos de su intervención en el mediano y largo plazo.

Este modelo de toma de decisiones consiste en que las promotoras –generalmente constructoras o financiadoras de las grandes obras– delegan en un reducido grupo de expertos (máximo 10) la responsabilidad de calcular los riesgos ambientales.

Para ejecutar los megaproyectos, las promotoras requieren de una licencia soportada en estudios de impacto ambiental. Entonces, las grandes compañías del país declaran sus estudios como “previsibles”, y para ello plantean escenarios en los que su capacidad de respuesta resuelve el reto ambiental que enfrentan. Sin embargo los hechos han venido mostrando todo lo contrario, porque el elemento común de los desastres en los megaproyectos mencionados ha sido justamente su “imprevisibilidad” y dificultad para reaccionar.

Bajo la mecánica de viabilizar sus megaproyectos, las promotoras encuentran de forma determinista (convicción de que la empresa tiene la capacidad de responder a cualquier situación ambiental) argumentos para llevarlos a cabo y por eso los impulsan durante todas las fases del proceso de licenciamiento ambiental.

Lamentablemente esta visión adoptada en general por las promotoras en Colombia –y presentada como el resultado de estudios ambientales multidisciplinarios que cuentan con medidas “claras” de compensación ambiental– no conduce a los resultados esperados y es la sociedad la que queda expuesta a estos desatinos.

Los hechos han venido mostrando todo lo contrario, porque el elemento común de los desastres en los megaproyectos mencionados ha sido justamente su “imprevisibilidad” y dificultad para reaccionar.

Si se cuantifica la magnitud de los recientes desastres en los megaproyectos en curso usando estimaciones gruesas, se obtiene que para el caso del pozo 158 Lizama de Ecopetrol –del que se derramaron 24.000 barriles de crudo–, las pérdidas serán de alrededor de 149.121 millones de pesos, solo en el proceso de limpieza, y sin incluir demandas judiciales.

El cálculo se hace tomando como referencia los costos asumidos por la British Petroleum (BP) en un hecho similar ocurrido en el golfo de México en 2010, cuyo proceso para determinar el costo real del derrame le tomó 10 años a la multinacional. Las medidas de mitigación ambiental en el pozo Lizama pueden tardar al menos cinco años.

En el caso del puente Chirajara (vía Bogotá-Villavicencio) –construido por la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes)– resulta suficiente saber que se tendrá que construir de nuevo, por lo que las pérdidas son de por lo menos 72.000 millones de pesos, equivalentes al costo de su construcción y que serán asumidos por las aseguradoras. Lo anterior, sin incluir la pérdida de nueve vidas humanas que dejó su desplome.

Por último, en el caso del taponamiento de los túneles del proyecto Hidroituango en Antioquia, a cargo del grupo EPM, las pérdidas se han estimado en al menos 400.000 millones de pesos, según la información que circula en los medios de comunicación.

Así, se observa que la visión “determinística” planteada en los estudios de impacto ambiental realizados en Colombia dista bastante de la realidad de los impactos generados por los grandes proyectos de ingeniería durante su ciclo de vida, tanto de construcción y operación como en su disposición final o desmantelamiento (como el caso del cierre del pozo Lizama).

Muchos de los expertos involucrados atribuyen los efectos de las grandes obras a situaciones “imprevisibles”, variable que discrepa de los estudios ambientales utilizados en los procesos de licenciamiento. Curiosamente, en estos procesos la “imprevisibilidad” no es suficiente para negar licencias ambientales a megaproyectos financiados por las promotoras.

En los tres casos mencionados los expertos especializados externos se contratan después de ocurridos los desastres, cuando se tiene que aceptar que la intervención no se controlaba por completo. Este es un error en el modelo de decisión y en la forma como se opera en Colombia.

En la investigación doctoral, que finalizó en 2016, se encontraron evidencias de las carencias en el modelo predominante de toma de decisiones ambientales en las grandes organizaciones que construyen hidroeléctricas en Colombia, dado que privilegian los criterios de una minoría de expertos internos y desconocen actores externos.

La consecuencia directa de estas falencias es pretender “disolver” las condiciones de incertidumbre sobre la dimensión ambiental con base en los criterios de esos pocos expertos. Sin embargo desconocer la incertidumbre no implica que esta desaparezca y las decisiones se dan sobre un medioambiente que el ser humano aún no comprende y no conoce en su totalidad.

Por ello, el estudio recomienda dos modificaciones en la forma de gestionar las licencias ambientales en Colombia:

  • La primera implica promover censos ambientales nacionales de obligatoria adopción por parte de todos los actores que pretendan promover iniciativas en el país, con el fin de evitar las dificultades de información limitada de quienes participan en el proceso de evaluación ambiental tanto interna como externa a las firmas promotoras. De esta manera, todos sabrían qué hay en el medioambiente.
  • La segunda consiste en migrar la responsabilidad de los estudios de impacto ambiental de las firmas promotoras a agentes independientes como las universidades, para lograr la autonomía de los expertos respecto a la viabilidad de los proyectos. Así se hace en Chile, donde los estudios de impacto ambiental son elaborados por universidades reconocidas que no pueden ser contratadas por las empresas interesadas. Las compañías aportan recursos a un fondo público responsable de contratar a las instituciones educativas. De esta manera, se evita la tendencia a privilegiar medidas de mitigación y compensación sobre las de cancelación de megaproyectos.

A la fecha, la sociedad colombiana continúa viendo estos fenómenos como desconectados de los procesos de toma de decisiones organizativos, y, más grave aún, pretende profundizar los roles de los expertos en megaproyectos futuros como el Metro de Bogotá, en el que es previsible la generación de sobrecostos superiores a 42 %, ya que el esquema será orientado hacia un modelo de toma de decisiones basado en expertos en la institucionalidad que se defina para el megaproyecto. Ese sobrecosto es el mínimo estimado por varios estudios en el mundo que coinciden en que, en general, los megaproyectos se subestiman en ese porcentaje y pueden alcanzar hasta el 100 %.

Este artículo busca ser una muestra de esperanza en la capacidad de la sociedad colombiana de reformular sus procesos de licenciamiento ambiental hacia un modelo que considere la evidencia científica, como el estudio doctoral reseñado y otros que surjan.

Mirar de otra manera las causas de estas dificultades abre la oportunidad de empoderarnos en la solución del verdadero punto común en las tragedias ambientales de las grandes obras del país, el rol del experto en decisiones ambientales en condiciones de incertidumbre.

Una reflexión final: ante la evidencia científica actual, ¿los megaproyectos en Colombia deben seguir siendo evaluados dentro de las organizaciones promotoras, o deben hacerlo agentes independientes como las universidades del país?

Hidroituango: Una cadena de silencio frente a la tragedia

Por:  Margarita Florez y Vanessa Torres_Asociación Ambiente y Sociedad

Columna publicada originalmente en Semana Sostenible 

Ante la escasa información gubernamental respecto de la obra, aparte de la “atención a la contingencia”, lo único que nos queda claro es la trágica situación actual de los pobladores ribereños que han sufrido por las fallas en la construcción del proyecto.

En 2014 se anunciaba que “La Hidroeléctrica Ituango será un sueño hecho realidad en 2018. Con la desviación del río Cauca que por años parecía indomable se marca un punto de no retorno para la construcción de la presa que producirá el 17 por ciento de la energía del país”. Hoy se ha pasado a un mutismo gubernamental que produce casi que escalofríos. Nadie de los Ministerios o agencias encargadas de este tipo de proyectos ha salido a pronunciarse de forma concreta sobre lo que ha pasado dejando a los afectados y al resto de colombianos sin tener una versión oficial.

Por eso nosotros, la ciudadanía, no los técnicos ni científicos, careciendo de suficientes conocimientos y elementos técnicos, y resintiendo la actual escasa locuacidad gubernamental respecto de la obra, aparte de la “atención a la contingencia”, lo único que nos queda claro es la trágica situación actual de los pobladores ribereños que han sufrido las fallas en la construcción de proyecto.

Lo que sí podemos es lanzar algunas preguntas sobre todo el proceso que ha tenido esta mega obra, ya que como ambientalistas hemos seguido la resistencia del Movimiento Ríos Vivos y otras ONG en sus reclamaciones ante autoridades nacionales y en instituciones financieras  por la falta de transparencia, el derecho a permanecer en el territorio, por la tala de bosque seco, por la búsqueda de víctimas de las masacres que ocurrieron en varios sitios ahora inundados y por la violencia continua,  medida por el número de activistas asesinados, que sin ir más lejos suman dos en menos de ocho días.

Pero de nada valió que se esgrimieran razones como estas para solicitar la nulidad de la licencia ambiental, ni las advertencias de los riesgos de construir sobre terrenos bastante inestables, ni denuncias sobre ausencia de participación, y de aceleramiento de la obra en los últimos días.

Adicionalmente, se recuerda que esta obra fue fuertemente criticada desde su inicio por los procesos de licitaciones y adjudicaciones. Para la etapa de construcción se conformó el consorcio CCC Ituango, uno de cuyos socios es el grupo empresarial brasilero Camargo y Correa, al cual en agosto de 2012 se le adjudicó la construcción de las obras principales del proyecto por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Frente a esta licitación hubo diferentes denuncias, acciones judiciales y de tutela por parte de las otras empresas participantes en el proceso de licitación asegurando que se habían realizado maniobras para facilitar la adjudicación del contrato, que se trató de un proceso de licitación excluyente en el que se favoreció injustificadamente esa propuesta porque era la más económica, lo cual fue visto como un asunto de estrategia para presentar valores inferiores a lo que realmente iba costar la obra.

A estas denuncias y alertas se sumó la Fiscalía General de la Nación, la cual a través de la unidad de anticorrupción inició en febrero de 2017 una investigación preliminar contra las obras ejecutadas por esta empresa en el marco del escándalo de Lava Jato, corrupción que se dio a conocer el año pasado a partir del pago de sobornos y dádivas por este grupo empresarial y otras empresas Brasileras (Odebrecht) en diferentes obras de infraestructura en toda Latinoamérica.

Ahora queda por conocer, si hay alguien que nos explique, si los derrumbes se repiten, si hubo o no estudios que advirtieran, o permitieran adelantar una obra en ese tipo de suelos; si hay garantías suficientes para responder a la ciudadanía afectada: sobre las operaciones entre empresas que hacen los diseños, y luego venden su participación; si hubo modificaciones de la licencia ambiental, cuáles aspectos fueron modificados, y si el Estado puede o no hacer seguimiento de esos procesos.

Y por si fuera poco un ingeniero advierte que estos devastadores efectos podrían incrementarse si se produce una remoción de un sector conocido como el Guácimo. Entonces todavía siquiera podemos los del común estimar en que parará este desastre. Tal vez convenga adherirse al comunicado del 10 de mayo de la EPM, donde se agradece a los operarios que están en los túneles para realizar labores en la emergencia, pero además habrá que pedir que Dios y la Virgen los proteja a ellos y a los pobladores ribereños.